Quieren obispos poner remedio a “emergencia educativa” en México
Felipe de J. Monroy González
Los obispos de México, reunidos en la 92 Asamblea Plenaria de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), desarrollarán una agenda de trabajo entorno al sistema educativo y la labor de formación y evangelización en las distintas diócesis del país, adelantó la oficina de comunicación del organismo.
Se espera que los obispos mexicanos reflexionen sobre las recientes palabras del Papa Benedicto XVI entorno a que la educación religiosa en los sistemas públicos de las naciones modernas no supone una violación al Estado laico ni vulnera el derecho legítimo de los padres a elegir el tipo de educación que quieren para sus hijos: "Es necesario reafirmar que la educación de una confesión religiosa en las escuelas públicas, lejos de significar que el Estado asume o impone una creencia religiosa particular, indica el reconocimiento de la religión como un valor necesario para la formación de la persona… además de no perjudicar a la laicidad del Estado, garantiza el derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos, contribuyendo así a promover el bien común", dijo el pontífice en fechas recientes, por lo que es imperante que los obispos nacionales trabajen en alguna propuesta específica en esta materia.
En México, la educación pública está garantizada por el artículo tercero constitucional, se le considera uno de los triunfos de la Revolución Mexicana, tiene las cualidades inviolables de ser laica y gratuita; además abarca los niveles: preescolar, primaria y secundaria como obligatorios, aunque una reciente propuesta del Congreso busca ampliar la cobertura educativa al nivel medio superior. En su párrafo primero expresa: “Garantizada por el artículo 24 la libertad de creencias, dicha educación será laica y, por tanto, se mantendrá por completo ajena a cualquier doctrina religiosa”.
Uno de los principales retos educativos en México es la mejora de la calidad en la educación básica obligatoria y la atención a sectores vulnerables como los jóvenes entre los 15 y 20 años que aspiran a ocupar los pocos espacios que la educación media superior y superior ofrecen.
El encuentro será del próximo 7 al 11 de noviembre e iniciará con una visita de cortesía al presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, en la residencia oficial de Los Pinos; también en el curso de la semana, el gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila Villegas, acudirá a la Casa Lago, sede de la asamblea episcopal ubicada en Lago de Guadalupe, municipio de Cuautitlán Izcalli.
Los flujos de la movilización social en la transición
Por: José J. Castellanos
Las transiciones políticas, de acuerdo con sus estudiosos, son consecuencia de los flujos, demandas y movilizaciones sociales que llegan a niveles tales, que el gobierno autoritario tiene que iniciar procesos de liberalización y democratización, siempre con la esperanza de sobrevivir y permanecer pese a los mismos, hasta que, finalmente, tiene que ceder y ser sustituido el grupo en el poder.
En México hemos vivido un proceso semejante al de otras transiciones, aunque como es natural, con sus características específicas, dado el tipo de gobierno autoritario que nos gobernó durante setenta años y que pudo simular, de manera simultánea, que era democrático en la forma y hasta con variables liberales que iban y venían. Pero, en el fondo, tanto los procesos electorales, como la administración de las libertades y la aplicación del derecho, siempre dependieron de la discrecionalidad gubernamental.
Sería largo enumerar aquí todos los momentos históricos de la lucha por la democratización, empezando por la fallida Revolución de 1910, el sectarismo constitucionalista del 17, la permanencia de la violencia, la formación del PNR, los sucesivos fraudes electorales, la simulación de los diputados de partido, los golpes económicos autoritarios, etc. El hecho es que los diversos sectores sociales afectados por el autoritarismo: los partidos, los ciudadanos, los sindicatos, los estudiantes y hasta los empresarios, iniciaron una movilización creciente que obligó a los blandos del sistema a ir cediendo poco a poco, hasta que perdieron, primero, el control de la Cámara de Diputados y, más tarde, la Presidencia de la República.
Sin la movilización social, no hubiera habido alternancia en la cúspide, en la Presidencia. Sin embargo, no la hubo en el Congreso ni en la mayoría de los estados de la República, con lo que aparentemente fulminado, el sistema político recubierto de priísmo, prevaleció. La desaparición del presidencialismo, no significó ni la muerte del corporativismo en todos sus ámbitos, ni la del “gobernadorismo” como segundo nivel de la estructura priísta. Y aunque al carecer de cabeza el priísmo se vio tambaleante, lo hemos visto resurgir poco a poco, al grado de que hoy se engalla t ya se siente nuevamente en la Presidencia, aunque podría decirse que nunca se fue, de todo a todo, de la estructura administrativa del Ejecutivo.
Sin embargo, es claro que en el dos mil, después de la euforia victoriosa en El Ángel, la sociedad inició una desmovilización y ni el Presidente Fox ni el PAN pudieron o supieron mantener la ola, que lejos de ser un tsunami político, apenas fue una ola verde espectacular pero que dejó intocadas muchas de las estructuras del pasado, por lo que los últimos diez años han sido una dura disputa en el Congreso Federal para realizar las transformaciones de fondo que el país requiere para que la transición culmine, así como de oleadas sucesivas en los estados para desmantelar el sistema anterior y sustituirlo por uno nuevo. Incluso las pocas oportunidades existentes en muchos estados han sido insuficientemente aprovechadas para, al menos, instaurar nuevos esquemas en las entidades donde se ha producido una alternancia en estos años.
Dado que la posibilidad de un golpe de estado era impensable en nuestro país, el viejo régimen adoptó una singular y eficaz estrategia: la movilización mediática. Durante los últimos diez años hemos sido testigos de la forma como el “antiguo régimen”, a través de sus voceros y representantes, incluyendo entre ellos a muchas de sus organizaciones corporativas, se dieron a la tarea de descalificar, ignorar, desmentir y rechazar que hubiera avances económicos, políticos o sociales en este lapso. Fieles a su tradición presidencialista, se dedicaron a responsabilizar al Presidente de los problemas del país, magnificando sus errores y negando sus avances.
Ellos han generado, a falta de una movilización social generalizada, una percepción mediática negativa que, hoy por hoy, se manifiesta en la decepción y frustración de la transición. Incluso, antiguos aliados (algunos blandos y otros maximalistas) hoy se convierten en adversarios del proceso, sembrando e impulsando el retorno del PRI al poder. No a un nuevo PRI, como muchos hubiéramos deseado, sino al dinosaurio vitalizado. Parecería que bajo el criterio de que lo que no mata, engorda, el PRI ancestral, cuyos prototipos los encontramos en los estados de México y Coahuila, sin descartar a otros, ha encontrado una ola favorable que lo empuja de nuevo al poder, impulsado por unas encuestas que sólo ven en una dirección, provocando que alianzas interrumpidas o dudosas en el pasado, se revitalicen hoy.
Es curioso observar como suman a este fenómeno algunas críticas y movilizaciones sociales en torno a la violencia; como la superficialidad o ignorancia en materia económica niegan lo evidente; como los análisis serios de las transformaciones reales que hay en el país, son olvidadas o minimizadas.
Y es que, como han señalado algunos politólogos, el sistema presidencialista autoritario del pasado no se edificó sobre un sistema jurídico que lo soportara, sino sobre un conjunto de voluntades doblegadas que lo hicieron posible y operante, no sólo con facultades “metaconstitucionales” sino “metajurídicas”, sino con comportamientos sociales y políticos que se repiten en el asistencialismo, el paternalismo y la desciudadanización. Lamentablemente no existe un contrapeso mediático que neutralice y ofrezca una realidad diferente. Particularmente es lamentable que los jóvenes, siempre proclives al cambio, no lo vean en la dirección de la consolidación democrática, sino en la regresión.
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Los obispos y la acción política de los católicos
Por: Jorge Adame Goddard Mientras se discutía en el Senado de la República un proyecto de reformas al artículo 1º constitucional que pretende incorporar a la constitución todos los derechos humanos contenidos en los tratados que están en vigor en México, un buen número de ciudadanos y agrupaciones civiles se manifestaron de diversas maneras en contra del proyecto, porque veían que podía dar lugar a que se pretendiera, con apoyo en disposiciones ambiguas de los tratados internacionales y de las recomendaciones que han hecho los organismos internacionales encargados de vigilar la aplicación de dichos tratados, establecer una legislación en todo el país favorable al aborto y a la legalización del matrimonio civil entre personas del mismo sexo. La reforma fue finalmente aprobada por el Senado, aunque todavía no ha culminado el proceso pues hacen falta las aprobaciones de las legislaturas locales, y al día siguiente (el 8 de marzo) salió publicado un comunicado de la Conferencia Episcopal Mexicana, firmado por su presidente, Mons. Carlos Aguiar, en el que se congratulaba por la reforma en cuanto daba una mayor protección a la vida humana y a la familia. Este boletín causó gran desconcierto entre los miembros de las asociaciones civiles que se habían opuesto a la reforma, que en su mayoría eran católicos. El episodio constituye una gran oportunidad para reflexionar sobre la naturaleza de la acción política de los católicos: ¿es una acción que hacen por su condición de fieles de la Iglesia y está por ello sujeta a la dirección de los obispos?, o ¿es una acción que hacen en cuanto miembros de la sociedad política y por eso es independiente del gobierno que tienen los obispos sobre los fieles? Me parece que si se hubiera tenido una idea clara de la naturaleza de esta acción política de los católicos, el comunicado de los obispos no habría generado tanta inconformidad.Un punto de partida seguro es el párrafo 36 de la constitución Lumen gentium que dice que los fieles deben aprender “a distinguir entre los derechos y obligaciones que les corresponden por su pertenencia a la Iglesia y aquellos otros que les competen como miembros de la sociedad humana”. Esta distinción de deberes y derechos corresponde a la distinción entre un orden que rige la conducta de los fieles en cuanto tales, que es el orden de la Iglesia, al que también se llama «orden espiritual», y otro orden que rige su comportamiento en cuanto son miembros de una comunidad política, que es el orden político-jurídico, llamado también «orden temporal». Si bien los fieles viven y actúan en ambos órdenes, su condición de fieles se ha de manifestar en uno y en el otro por la congruencia de su conducta con la ley moral y evangélica, que rige su vida en la Iglesia y en el mundo. Por eso, la misma constitución citada les recomienda que acoplen armónicamente los derechos y deberes de los dos órdenes y afirma: “En nuestro tiempo, concretamente, es de la mayor importancia que esa distinción y esta armonía brille con suma claridad en el comportamiento de los fieles”.La actividad que realiza la Iglesia en el mundo o «apostolado», como lo afirma el decreto Apostolicam actuositatem (§ 2), se ordena a que “todos los hombres sean partícipes de la redención salvadora, y por su medio se ordene realmente todo el mundo hacia Cristo”. Se distinguen dos aspectos de este único fin: uno es la actividad consistente en la predicación del Evangelio, la enseñanza de la doctrina y la administración de los sacramentos, y el otro es la reordenación del mundo o transformación del orden social. Ambos aspectos son objeto del apostolado que ejerce la Iglesia por todos sus miembros y de diversas maneras. Pero el apostolado de la predicación, enseñanza y santificación lo realizan principalmente los sacerdotes y ministros ordenados, al cual colaboran los laicos con el ejemplo de su vida y también con su palabra (Apostolicam actuositatem § 6). Y el apostolado de la transformación del orden social corresponde principalmente a los fieles laicos, como repetidamente lo afirman diversos documentos del Concilio Vaticano II (Apostolicam actuositatem § 7, Lumen gentium § 31, 36, Gaudium et spes 43), y aun el mismo Código de Derecho Canónico (canon 225-2); a este apostolado colaboran los obispos y sacerdotes principalmente impulsando a las laicos, proponiendo la doctrina moral que debe ser respetada por todos (Gaudium et spes § 43) y dando a los laicos los auxilios espirituales, principalmente los sacramentos (Apostolicam actuositatem § 8).La acción política de los ciudadanos católicos es, por su propia naturaleza, una actividad que realizan en el orden político existente, de acuerdo con las instituciones en vigor, con los medios disponibles y que está orientada a una finalidad temporal, que es el mejoramiento o perfeccionamiento del orden político. Es por su naturaleza una actividad secular, que ejercen en cumplimiento y ejercicio de los deberes y derechos políticos que tienen como ciudadanos, tal como la podría hacer cualquier otro ciudadano con creencias religiosas diferentes o sin creencias religiosas. Es una actividad que debe ser conducida, dirigida y ejecutada por los mismos laicos, en uso de su libertad política, y de la cual ellos mismos son responsables a título personal. Desde el punto de vista subjetivo, de los motivos que tienen los ciudadanos católicos para ejercer esa actividad, se puede ver que quizá muchos de ellos la ejercen en cumplimiento del deber que tienen como fieles laicos de transformar el orden temporal de acuerdo con las enseñanzas del Evangelio. Podría decirse que es, desde este punto de vista subjetivo, una actividad apostólica. Pero los motivos por los que se ejerce una acción no cambian la naturaleza objetiva ni los fines propios de la misma, y así como el médico que cuida de un enfermo con motivos sobrenaturales, como el amor a Dios, no deja de desempeñar una actividad que es humana, que se rige por las reglas propias del trato humano y de la Medicina, así la actividad política de los católicos, aunque se haga por motivos apostólicos, no deja de ser una actividad política que debe realizarse conforme a las reglas propias del orden político jurídico en vigor.La distinción entre esos dos órdenes, el temporal y el espiritual, en el que viven los fieles ha sido recogida en el Código de Derecho Canónico, para establecer el derecho de todos los fieles (canon 227) “a que se les reconozca en los asuntos temporales aquella libertad que compete a todos los ciudadanos”. Se ha comentado con razón que este derecho de los fieles a la libertad en los asuntos temporales frente a la Iglesia, es correlativo al derecho que tienen a la libertad en materia religiosa frente al Estado.La acción política de los católicos no es por lo tanto una actividad que deba ser regida directamente por los obispos o por los sacerdotes, puesto que cae en el ámbito de la libertad que tienen los fieles en los asuntos temporales. Esta libertad que tienen para gestionar y dirigir los asuntos temporales exige, por su condición de fieles, que desempeñen sus actividades en conformidad con la moral cristiana y prestando atención a las indicaciones doctrinales provenientes del Magisterio. En todo caso, los obispos podrían juzgar si los fines que busca o los métodos que utiliza un movimiento político, de católicos o no católicos, son o no conformes con el Evangelio.Así como los obispos no deben dirigir ni fijar la agenda de la acción política de los ciudadanos católicos, los ciudadanos católicos no deben esperar que su acción política tenga que ser asumida totalmente y en todo momento por los obispos en sus relaciones con el Estado, como si los obispos fueran los representantes ante los gobernantes de los movimientos políticos de los ciudadanos católicos. Al respecto dice la constitución Gaudium et spes (§ 76): “Es de gran importancia, sobre todo donde está en vigor la sociedad pluralística, tener un concepto exacto de la relación entre la comunidad política y la Iglesia para distinguir claramente entre las responsabilidades que los fieles, ya individualmente considerados, ya asociados, asumen, de acuerdo con su conciencia cristiana en nombre propio, en cuanto ciudadanos, y los actos que ponen en nombre de la Iglesia y de su misión divina en comunión con sus pastores”. Es un error de las instancias políticas querer negociar con los movimientos políticos de los ciudadanos católicos por medio de los obispos, y es un error de los movimientos políticos de ciudadanos católicos querer negociar ante las instancias políticas por medio de los obispos.En el caso concreto del proyecto de reforma del artículo primero de la constitución mexicana, la declaración que hace la CEM celebrando la reforma en lo que juzga conveniente, esto es en la defensa de la vida y de la familia, debe ser vista como un acto de los obispos en su relación con el Estado mexicano, que debe ser secundado y apoyado por todos los fieles , que también estarán de acuerdo en celebrar lo que podría ser un avance en la defensa de esos dos grandes bienes por los cuales han luchado. Pero no puede interpretarse como un acto por el que los obispos descalifican la acción política que habían desarrollado los ciudadanos católicos que se oponían a la reforma, ni tampoco como una prohibición de seguir oponiéndose a la reforma. El juicio positivo que hacen los obispos del proyecto de reforma al artículo (1) de la constitución no es materia de fe que corresponda definir a su magisterio ordinario, de modo que los católicos pueden libremente opinar lo contrario; y como la acción política de oposición a esa reforma es una acción ciudadana y no espiritual, tienen los fieles católicos esa libertad que les corresponde en los asuntos temporales, de modo que los ciudadanos católicos que quieran seguir oponiéndose a la reforma lo pueden hacer, sin que su oposición se interprete como una “desobediencia” a los obispos.Las discrepancias entre los ciudadanos católicos y los obispos, o las que hubiera entre ciudadanos católicos en asuntos opinables, que no afectan la fe ni la moral de la Iglesia, como es el caso del juicio sobre la conveniencia de esa reforma, son discrepancias normales, que manifiestan la diversidad y pluralidad de la única Iglesia de Cristo. En este espíritu de unidad me parece que debe leerse el nuevo comunicado de la CEM, con fecha del 23 de marzo, que invita a todos los fieles mexicanos a trabajar unidos para “contribuir a la debida orientación que estas reformas aún requieren, con el fin de que se coloquen al servicio de la inalienable dignidad de la persona humana y del bien común”. ----(1) En el sentido de no negar la libertad que tienen los obispos de declarar ante el Estado lo que les parezca conveniente, y no criticar a los obispos por lo que declaran ante el Estado.
¿De veras falló la alternancia?
Escrito por Salvador I. Reding Vidaña Sábado, 26 de febrero de 2011 Al cumplirse diez años de la asunción al Poder Ejecutivo federal por un gobierno panista, las acusaciones de ser una alternancia fallida fueron asunto de (casi) todos los días, incluyendo, es penoso, a miembros o simpatizantes de Acción Nacional. Dichas acusaciones continúan como estrategia anti-panista. Creo que el problema de no ver los logros panistas sobre los gobiernos anteriores, por parte del mismo partido que los ejercieron, se origina en actitudes y fallas de memoria histórica sobre la vida nacional, tras el final de las luchas armadas de la Revolución. Estas actitudes incluyen, por el lado del partido que perdió el poder federal, pero que conserva la mayoría de los poderes estatales y de los congresos federal, y locales, una estrategia de desprestigiar al panismo para que los votos lo regresen al poder federal en 2012. Mienten con una tranquilidad descarada.Los que intentaron ganar la elección federal de 2006, pero la perdieron por medio punto porcentual, insisten en desprestigiar al partido que sí ganó la elección. Sus ataques tienen mucho de insultos y más mentiras descaradas.Entre los ciudadanos “de a pie”, muchos opinan que la alternancia falló. Creo que hay dos razones principales; una de ellas es la disposición a aceptar lo que dicen y escriben los antagonistas –gratuitos o interesados-, del partido en el poder federal, el PAN. Si les dicen que está mal, que en vez de avance hay retroceso, se lo tragan de inmediato. Otros simplemente se ciegan ante las ventajas y logros de la alternancia.Pero detrás de todos ellos, incluyendo a los simpatizantes desinformados de Acción Nacional, hay un ancestral problema de la idiosincrasia mexicana. Es una persistente manía de auto-discriminación. Esta costumbre de denigrar lo nacional es un vicio difícil de desterrar. Estamos mal “porque así somos”, piensan y dicen.Estas son las actitudes y sus consecuencias, pero vemos un poco: ¿realmente falló la alternancia mexicana iniciada en el año 2000, con Vicente Fox y retomada en 2006 por Felipe Calderón. Depende de las expectativas en primer lugar. Cuando éstas son exageradas, ignorando el cómo se realizan los cambios de administración y la cultura políticas, por supuesto que siempre se fallará en satisfacer dichas ingenuas expectativas. Pero esto no tiene que ver con la realidad, es el mundo del imaginario. Ahora bien, en el mundo real mexicano ¿qué ha pasado, qué está pasando y qué podemos esperar en los dos últimos años de este gobierno federal panista? Esta es la verdadera temática de la alternancia. Veamos. El gobierno de Vicente Fox administró la federación con la misma estructura organizacional heredada, ya que solamente hizo cambios en los altos niveles del poder, y no en todos. Así, el ejecutivo tuvo una muy difícil tarea para erradicar los vicios, las ineficiencias, el ocultamiento de información y la corrupción. Aún después de diez años, mucho de lo heredado se conserva, y no podía ser de otra manera, salvo haber despedido a miles de servidores públicos federales, con todas sus consecuencias sociales y políticas. Hay sin embargo avances importantes, que pasan desapercibidos, como es el inicio formal de la trasparencia oficial, inexistente antes del panismo en la federación. Igual el servicio profesional de carrera, dando seguridad a los servidores públicos federales que demuestran capacidad y buen desempeño. Se acusa a Felipe Calderón de haber perdido el control del país, pero examinando las diversos aspectos de gobierno, iniciando con la agricultura (por aquello del abecedario), no pueden demostrar que “el país se le fue de las manos”.Se dice que el crecimiento económico ha sido bajo, pero no se demuestra cómo hubiera sido mayor, partiendo analíticamente de las mismas situaciones y factores existentes, internos e internacionales sobre todo, en estos diez años.Del gobierno calderonista se habla de pérdida de empleos del “presidente del empleo”, pero se “olvida” la caída extranjera de la economía, sobre todo del gran socio comercial que tiene México, los Estados Unidos, que nos afectó mucho más que a otros países, con los que comparan a México, sin considerar las diferencias.Se acusa al panismo de “perder” la lucha contra la delincuencia organizada del narcotráfico, pero no dicen cómo lo hubieran hecho los críticos. Tampoco toman en cuenta que el tráfico de drogas enervantes hacia el mercado estadounidense existe porque ese mercado no ha podido ser abatido por el gobierno más poderoso del mundo. Esta lucha no se ha perdido, está en pleno fragor y va para largo. Sin ella, la situación de poder de las mafias delincuenciales sería gravísima.Muy importante en las acusaciones del “fallo de la alternancia”, es esconder que muchos de los problemas nacionales que se le imputan al panismo, existían muchos años antes de la alternancia en 2000, como son las deficiencias en la Educación, el retraso tecnológico de Pemex, la falta de infraestructura para el sector primario y, por supuesto, la corrupción, el derroche de dineros públicos y uso del poder para fines personales. Quienes “olvidan” esto, no ven tampoco que todas estas fallas persisten en gobiernos locales priistas y perredistas.En suma, con un análisis en frío, sin las enormes cargas emocionales de las acusaciones por la alternancia supuestamente fallida, la realidad es que México ha ganado mucho con la alternancia, sobre todo en el uso y equilibrio de poderes de todo tipo. ¿Qué falta mucho por hacer? Sin duda, pero sin esta alternancia faltaría mucho, pero mucho más de lo ahora faltante.siredingv@terra.com
Coaliciones políticas
(Segunda Parte: Elecciones estatales)
Escrito por Hugo Díaz García Miércoles, 09 de febrero de 2011 El sistema político vigente en muchas de las entidades del país aún corresponde en buena medida a esa realidad política característica de nuestra larga época de presidencialismo monopólico y autoritario priista prevaleciente hasta hace apenas una década a nivel nacional, por lo que es conveniente analizar y determinar cuáles deben ser las reformas políticas e institucionales que más pueden ayudar para fortalecer la gobernabilidad y consolidar la democracia en México.Una de las reformas importantes son las coaliciones políticas, las cuales son un acuerdo o pacto, a corto o largo plazo, en el que participan dos o más organizaciones políticas que tienen la voluntad de hacer un número de cosas comunes con el fin de obtener un resultado. De ahí que sea necesario entender el porqué se conforma una coalición, la importancia de los partidos políticos coaligados, su ideología, sus objetivos, cómo funcionan, cuál es su propósito, así como la importancia del momento en que se coaligan.
Considerando el marco teórico de las coaliciones, las teorías racional y de juegos y la multidimensional, podemos hacer una mejor evaluación de las recientes coaliciones básicas en elecciones locales PAN-PRD y PRI-PVEM. La primera busca lograr la alternancia democrática en los estados que han sido monopolizados por gobiernos priistas durante ocho décadas; lograr gobiernos de mayoría y tener una representación en los gabinetes gubernamentales; así como una mayor participación en la elaboración y aplicación de las políticas públicas en los estados del país. Desde el punto de vista de la racionalidad, buscan maximizar los beneficios y minimizar los costos de su participación en elecciones locales.Desde el punto de vista de la teoría multidimensional, has existido factores institucionales, políticos, económicos, sociales y culturales que han favorecido a los gobiernos priistas, al permitirles actuar como caciques locales con amplias facultades en la operación de los grandes recursos disponibles, y en el control de los poderes a nivel de las entidades que han gobernado durante ya ocho décadas.
Así por ejemplo, la alianza PAN-PRD en las elecciones del pasado 4 de julio de 2010 compitieron con la del PRI-PVEM para quitarle gobiernos estatales al PRI como ocurrió por primera vez en las entidades de Oaxaca, Puebla y Sinaloa. Considerando esos buenos resultados, se prevé el PAN y PRD continuarán esta estrategia electoral de coaliciones políticas en las elecciones locales del 2011 y 2012. Prueba de ello es que la coalición PRD-PT-CONVERGENCIA, junto con la declinación del candidato panista a favor del candidato de esta coalición, acaban de ganar el pasado 30 de enero las elecciones del estado de Guerrero.En el caso de las elecciones del 4 de julio del 2010, se realizaron elecciones en 14 estados del país para elegir a 10 gobernadores, más de mil alcaldes y cerca de 500 diputados locales, por lo que conviene analizar quién ganó más en realidad y en base a eso estimar lo que pueden esperar los partidos políticos de cara a las elecciones del 2012 los principales partidos políticos PAN, PRI y PRD.
Los vencedores en dichas elecciones mostraron una mayor capacidad estratégica y táctica frente a sus adversarios, aunque fue cuestionable las campañas negativas o el papel que desarrollaron varios de los partidos políticos con motivo de la realización de alianzas o coaliciones políticas de carácter programático con el objetivo de ganar la elección aún a costa de perder su identidad.
De esta conducta de los principales actores políticos, se obtuvo la siguiente redistribución del poder en los estados por partido político y coalición:
Partido Político Entidades federativas gobernadas Coalición o alianza Cambios del poder por entidades
PAN 4 PAN-PRD-CONVERGANCIA 3
PAN-PRD-CONVERGENCIA-PANAL 1 PRI 10 PRI-PVEM-PANAL 9 PRD 4 PRD-PT-CONVERGENCIA 1
La evaluación general de las elecciones del 2010 nos indica que el que más perdió fue el PRI, aunque siga manteniendo un gran número de gubernaturas ya que desde la perspectiva del número de electores e importancias políticas, los tres estados que le ganaron la coalición PAN-PRD-CONVERGENCIA-PANAL (Oaxaca, Puebla y Sinaloa) es mayor a lo que perdieron estos partidos. No obstante lo anterior, destacan las pérdidas del PRD (Zacatecas), del PAN (Aguascalientes y Tlaxcala), bastiones que habían logrado consolidar por varios años.Por lo tanto, también se puede afirmar que hubo un empate técnico entre los tres principales fuerzas políticas del país (PAN, PRI y PRD) y que no hubo en realidad ganadores absolutos; que estas fuerzas políticas difícilmente podrán ganar por sí solas capital político o nuevos gobiernos estatales en las próximas elecciones locales del 2011 y 2012.
Por otra parte, lo novedoso de dicho proceso electoral ha sido la formación de alianzas o coaliciones electorales aún entre adversarios muy diferentes ideológicamente como son el PN y el PRD, lo que ha traído como consecuencia cambios políticos importantes en entidades donde históricamente el PRI actuaba como partido político dominante (algunos ejemplos son los casos recientes de Oaxaca, Puebla y Sinaloa).
Ahora bien, aunque los resultados electorales del 2010 no modificaron radicalmente el mapa electoral del país, sin embargo, los cambios que se realicen en las próximas elecciones del 2011 y 2012 (Guerrero, Baja California Sur, Coahuila, Nayarit, Hidalgo, Michoacán y el Estado de México) pueden significar que las coaliciones o alianzas políticas se consoliden como una buena opción política para los mexicanos (as). Una de las dudas y retos será cómo gobernar de manera eficaz con ellas. Porque la democracia no es sólo el acto de otorgar el voto, sino también lo es el de hacer posible la acción de control de gobierno que promueva un mayor bienestar social, desarrollo económico, social, político y cultural en las entidades del país.
Por otro lado, en un contexto histórico es importante valorar las experiencias que ha habido en México en materia de coaliciones y alianzas electorales, aún entre partidos políticos e ideologías supuestamente antagónicas. Prácticamente en 1992 se iniciaron alianzas electorales locales (en estados como Coahuila, Chihuahua, Durango, Yucatán, Oaxaca, Nayarit, Guerrero y Chiapas) entre partidos políticos como el PAN y el PRD, siendo sus líderes nacionales Don Luis H. Álvarez y Cuauhtemoc Cárdenas, respectivamente.
En Yucatán se obtuvo la victoria por parte del candidato panista Patricio Patrón Labiada. La alianza electoral más amplia se promovió en Chiapas con el candidato Pablo Salazar con el respaldo de diversos partidos nacionales y locales, incluyendo el PAN y el PRD. En la postulación de Juan Sabines nuevamente ambos partidos ganaron la gobernatura. En el caso de las elecciones en Durango en 1992, si bien no se ganó, hubo un avance importante por primera vez por parte de los partidos de oposición PAN y PRD quienes contendieron en una coalición electoral y ganaron 18 municipios de un total de 39. En cuanto a la elección para gobernador obtuvieron casi 40% del total de votos, siendo el candidato panista de la coalición el Lic. Rodolfo Elizondo Torres, de quien fui uno de sus asesores, cuando trabajaba como investigador en el CEN-PAN.
Por lo tanto, de las experiencias de coaliciones políticas o alianzas locales realizadas básicamente por el PAN-PRD, PRI-PVEM, se pueden obtener las siguientes lecciones:
a) La coalición política electoral entre diversos partidos políticos no siempre lleva a la derrota del partido contrincante con mayor poder, aunque la posibilidad aumenta para debilitar su fuerza electoral y fragmentar sus redes de influencia.
b) Las coaliciones y alianzas políticas PAN-PRD a la fecha sólo se han llevado a cabo en la arena electoral o gubernamental (como fue en Oaxaca, Puebla y Sinaloa), pero no así en la parlamentaria. En la mayoría de ellas el PAN terminó imponiendo su agenda política.
c) De ahí que el PRI-PVEM estén atemorizados por las coaliciones o alianzas coyunturales que pactan PAN-PRD, tal como se evidenció recientemente por parte del congreso del Estado de México dominado por los legisladores de la fracción priista, a instancias del gobernador Enrique Peña Nieto,
d) Las coaliciones o alianzas políticas PAN-PRD se han tratado de evitar por parte del PRI-PVEM quienes las han satanizado con calificativos tales como los siguientes: son inadmisibles, descabelladas, contranatura, perversas, impensables, vergonzosas, un engendro, como el agua y el aceite, engañosas, grotescas, etc. Estos epítetos son una señal inequívoca del gran temor del PRI a que el éxito de dicha coalición le impida retornar a los Pinos en el 2012.
Por lo tanto, el PRI-PVEM boicoteará dicha coalición política con todos los recursos a su alcance. EN virtud de que el PAN o PRD difícilmente alcanzarán la victoria por sí solos, es de esperarse que esta coalición política electoral y/o gubernamental continuará y será una pesadilla para el PRI (de manera similar a como es la cryptonita para Supermán). De no continuar impulsando esta coalición política PAN-PRD se estará en riesgo de abrir la puerta a los cacicazgos del PRI para los próximos 50 años.
Las Coaliciones Políticas en México (Primera Parte: Introducción y aspectos teóricos)
Escrito por Hugo Díaz García Viernes, 04 de febrero de 2011
El objetivo del presente análisis sobre las coaliciones políticas es comprender el fenómeno del desarrollo coalicional reciente en el país, en los niveles nacional y estatal.Para ello es importante revisar o considerar algunas de las teorías que explican la formación de coaliciones políticas, buscando aquellos elementos que nos permitan aproximarnos a la realidad coalicional mexicana y destacar la necesidad de una mayor comprensión de los procesos de toma de decisión desarrollados en el seno de los partidos, así como identificación de los objetivos perseguidos por éstos, y la importancia otorgada a cada uno de los partidos, con la pretensión de contribuir al desarrollo de esta parcela de la ciencia política aún poco conocida en nuestro país.Nuestra realidad política ha ofrecido pocos gobiernos de coalición los cuales muchas veces son criticados como desviaciones patológicas o contranatura (como las llaman los priistas), considerados otras veces como gobiernos condenados a la inestabilidad política; en lugar de ver que la opción por la formación de un gobierno puede y debe entenderse como una solución racional al proceso coalicional bajo determinadas condiciones.Se puede definir al concepto de coalición política al pacto o acuerdo entre dos o más partidos políticos para gobernar un país, una entidad administrativa o un municipio. Así por ejemplo, en los regímenes democráticos, las coaliciones parlamentarias están permitidas y se producen cuando un solo partido o grupo político no tiene los suficientes apoyos en la cámara legislativa correspondiente (Senado, Cámara de Diputados o ambos) como consecuencia de los resultados electorales.De este modo, los diputados de los grupos que van a formar la coalición suelen votar al candidato del partido más votado, a condición de que los grupos minoritarios reciban contrapartidas no establecidas como son las carteras ministeriales (que se suelen repartir de acuerdo al peso parlamentario) o influir en una orientación determinada de las políticas públicas del nuevo gobierno. Los partidos pueden ir a la convocatoria electoral con sus listas fusionadas, en cuyo caso se ele denomina alianza electoral, o bien pueden ir separados para luego unirse a la hora de formar gobierno. Cuando miembros de varios partidos pertenecen a dicho gobierno, se habla de gobierno de coalición. Así por ejemplo, en Europa son muy comunes las coaliciones de gobierno, ya que suele haber más de dos partidos mayoritarios, y ninguno suele alcanzar el 50% o más de los apoyos parlamentarios.Por otro lado, en el caso de México a nivel nacional los procesos de las elecciones presidenciales del 2000 y 2006 inauguraron en buena medida una nueva etapa coalicional. Por primera vez se hizo necesario por parte de los partidos mayoritarios PAN, PRI y PRD adoptar acuerdos con distintas fuerzas políticas más chicas a fin de asegurar el triunfo de la elección presidencial del país. En este contexto esos tres grandes partidos políticos ocupan un lugar central en el proceso de negociación, considerando una serie de elementos limitadores de carácter institucional, jurídico, político e ideológico.El resultado de estos procesos no ha sido la formación de una coalición en sentido estricto, sino la adopción de un pacto o acuerdo (electoral, parlamentario o gubernamental) como mecanismo de colaboración entre dichos partidos, obteniendo cada uno pagos o recompensas variables en función de asuntos puntuales: desde el voto favorable a la investidura del candidato a Presidente del gobierno (como fue el caso de la coalición PAN-PVEM en las elecciones del 2000; PAN-PANAL y PRI-PVEM en las del 2006); la reforma del presupuesto de egresos y de la ley de ingresos, etc. Estos procesos coalicionales generaron resultados que sin otorgar mayoría absoluta a ningún partido político, posibilitaron la alternancia política con el fin de obtener el respaldo suficiente para hacer viable al gobierno entrante.Esta reciente política coalicional supone así el ingreso de México a lo que podríamos denominar la normalidad política de los países desarrollados y democráticos, con estados cuya vida democrática (en cuanto a los procesos de formación de gobierno se refiere) viene determinada por la práctica de una cultura coalicional arraigada profundamente en su cultura política; sin que ello implique ingobernabilidad o crispación de la vida política. Ejemplos de estos procesos de coalición los encontramos especialmente en los países escandinavos (como son Noruega, Suecia y Finlandia), en Alemania, en Italia y en España.Sin embargo, en el caso de México se puede afirmar que en situaciones minoritarias los partidos políticos mexicanos en cierta medida aún son reacios en términos generales a la formación de gobiernos de coalición, explicado en parte por los elementos limitadores (estructurales y coyunturales), así como por las variables histórica, institucional, socio-política, externa o ambiental de los propios partidos y de la sociedad mexicana.En cuanto a las teorías sobre variables que han intentado dar explicación a los procesos de formación de coaliciones políticas, están básicamente dos: la de elección racional y la multidimensional. EL primer enfoque reduce el proceso a un caso específico de interacción social y deriva proposiciones basadas en un conjunto finito de supuestos fundamentales. Algunos representantes de esta corriente son D. Austen-Smith y J. Banks (1988) y D.P. Baron (1989). El segundo enfoque cuyas formulaciones están conectadas con la tradición politólogica europea se denomina teoría multidimensional basada en un enfoque empírico-inductivo que pretende inferir generalizaciones de análisis sistemáticos derivados del mundo real. Este enfoque pretende desarrollar una explicación del fenómeno coalicional más allá de la mera descripción de las posibles soluciones al juego de coaliciones. Algunos representantes de esta corriente son K. Strom (1984 y 1990), y T. Bergam (1995).El núcleo común a ambas teorías se sitúa en la constatación de que en la mayoría de las democracias occidentales las elecciones no deciden directamente quién gobierna, sino que ello es decidido por las negociaciones de coalición entre los partidos políticos. Este nuevo interés por los gobiernos de coalición ha tenido que superar reticencias y prejuicios académicos e ideológicos centrados en la crítica de los efectos nocivos del multipartidismo por ser supuestamente transitorios o inestables, así como por la necesidad y deseabilidad de asegurar gobiernos fuertes y estables.Dicho mito del multipartidismo se complementa con el mito del partidismo mayoritario, por el que los países que pretendan disfrutar de gabinetes durables deben de conseguir un gobierno o sistema de partido mayoritario. Por lo tanto, uno de los objetivos del presente análisis es promover la revalorización de los gobiernos minoritarios, entendiéndolos como soluciones nacionales en determinadas condiciones y circunstancias.En cuanto a los supuestos básicos de los procesos de formación de coaliciones políticas, están los siguientes: a) Los participantes en el juego o proceso coalicional son partidos políticos, considerados como actores unitarios, cada uno de los cuales pueden ser tratado como una entidad negociadora simple.
b) Los gobiernos de coalición deben de contar con un respaldo parlamentario; de los dirigentes y militantes mayoritario.
c) Todas las combinaciones de partidos políticos que sean coaliciones vencedoras representan soluciones reales, esto es, posibles gobiernos de coalición, y
d) Los objetivos que orientan la conducta de los partidos políticos son i) Obtener como recompensa el formar parte del gobierno, expresándose dicha motivación en la obtención de cargos gubernamentales, o ii) Influenciar desde dentro del gobierno, en las políticas públicas que se derivarán de la acción gubernamental, de forma tal que sean lo más cercanas posibles a sus políticas preferidas. Lo anterior implica que las posiciones políticas del partido como coalición de fracciones se caracterizarán por ser variadas (afinidades intrapartidistas ambiguas); y que con relación al estilo negociador, habrá negociaciones multilaterales entre los líderes de cada fracción interna, y con los líderes de cada fracción de los potenciales socios coalicionales, en torno a los objetivos de obtención y mantenimiento del poder (office seeking); y de influir en el proceso de elaboración y aplicación de políticas públicas (policy driven), condicionadas por los elementos limitadores llamados en inglés constraints, propios del sistema; así como por la ubicación política de los partidos en el sistema de partidos.Además, conviene tener en cuenta la diferenciación entre las coaliciones políticas parlamentarias electorales y políticas ejecutivas o gubernamentales (gobiernos de coalición) desde la óptica de policy driven (orientado o movido por las políticas) para la comprensión del abanico de posibles soluciones al proceso coalicional.Por lo tanto, entre los aspectos principales a considerar en el carácter mayoritario de una coalición ganadora, se encuentran los siguientes:a) El principio de mayoría absoluta no tiene porque ser el punto efectivo de decisión en la formación de gobierno. Una coalición ganadora en el sentido de office-seeking (buscadora de puestos en el gobierno) no puede ser un requisito funcional ni un objetivo fundamental para los actores de dicho juego.
b) El formar parte de la oposición puede conllevar ciertos beneficios para los partidos interesados en la influencia política, y
c) Las teorías de las coaliciones políticas generalmente incorporan las perspectivas temporales de los actores (según Mitchell, 1995), y el rol de las futuras elecciones como limitaciones sobre la actuación de los partidos políticos (según Strom 1984, y Narud 1996).
¿Por qué el PRI perdió Guerrero? Escrito por Luis Alfonso Castillo Pardo | 04 de Febrero de 2011 Según los últimos resultados de la elección para gobernador en el estado de Guerrero, que se empezaron a dar desde el domingo por la noche y hasta las primeras horas del lunes, el candidato de la Coalición Guerrero Nos Une, integrada por el PRD, PT, Convergencia y PAN, Ángel Aguirre, aventajaba con el 56.19 por ciento de los votos al candidato de la Coalición Tiempos Mejores, integrada por el PRI, PVEM Y Panal, Manuel Añorve, quien tenía el 42.42 por ciento de los sufragios.El proceso electoral estuvo plagado de violencia, violencia y más violencia; la salvaje golpiza al perredista Guillermo Sánchez Nava, el cruel asesinato del líder priísta Régulo Cabrera, la llamada telefónica en la que la senadora Claudia Corichi ofrece apoyo al candidato Ángel Aguirre; asimismo, el supuesto de que los contendientes estaban ligados al narcotráfico, las llamadas avisando de balaceras, el secuestro de una diputada local, y discursos con lanzadera de lodo y más lodo.El proceso electoral estuvo plagado de violencia, violencia y más violencia; la salvaje golpiza al perredista Guillermo Sánchez Nava, el cruel asesinato del líder priísta Régulo Cabrera, la llamada telefónica en la que la senadora Claudia Corichi ofrece apoyo al candidato Ángel Aguirre; asimismo, el supuesto de que los contendientes estaban ligados al narcotráfico, las llamadas avisando de balaceras, el secuestro de una diputada local, y discursos con lanzadera de lodo y más lodo.Frente a unos resultados que se evidencian irreversibles, la dirigente nacional del PRI, Beatriz Paredes Rangel, dijo que ya instruyó a los abogados de su partido para que revisen todas las irregularidades cometidas por la Coalición Guerrero Nos Une. Además, calificó las elecciones como un engaño envuelto de juego sucio. Con esas declaraciones, todo apunta a que los tricolores impugnarán el proceso electoral que se realizó en Guerrero.Pero a ver, a ver, a ver, doña Bety: la diferencia entre Ángel Aguirre y Manuel Añorve es del 14 por ciento, y es tan considerable que es difícil revertirla en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.Suponiendo que se anule el proceso electoral, no olvidemos que la experiencia nos ha demostrado que cuando un candidato gana una elección y ésta es anulada, en la segunda elección confirma su triunfo con una diferencia mayor; así sucedió con Manuel Andrade, candidato priísta al gobierno de Tabasco, a quien le anularon la elección y confirmó su triunfo con una diferencia mayor.Que no se equivoque la dirigencia nacional del Partido Revolucionario Institucional, la causa principal de la derrota no está en todas las irregularidades que se cometieron en el proceso electoral; si de eso se trata, no hay ni a cuál irle.La causa principal de esa derrota se gestó en un cónclave que se realizó el 6 de agosto del año pasado en el CEN del Partido Revolucionario Institucional, en la que estuvieron Beatriz Paredes, Emilio Gamboa, los senadores Manlio Fabio Beltrones y Jesús Murillo, así como los dos contendientes.En esa reunión se decidió que el candidato del tricolor al gobierno de Guerrero sería Manuel Añorve, muy a pesar de que las encuestas ya favorecían al entonces senador priísta Ángel Aguirre, quien posteriormente renunció al PRI y se postuló por el PRD, con el apoyo del PT y Convergencia.La candidatura de Manuel Añorve no estuvo motivada por una verdadera convicción de que sería el mejor contendiente; lo más probable es que sólo se trató de llevarle la contraria al gobernador del Estado de México, porque si algo se sabe ahora, es que Ángel Aguirre era el gallo de Enrique Peña Nieto para las elecciones del estado de Guerrero, y que Manlio Fabio Beltrones y Emilio Gamboa no simpatizan con Peña Nieto.Lo cierto es que determinar candidaturas al calor de las discrepancias de grupo por encima de las preferencias electorales ya llevó al PRI a su primera derrota en este año; si esas viejas prácticas no las erradican, vaya manera de pavimentar el camino rumbo a las elecciones presidenciales del 2012.
Quieren obispos poner remedio a “emergencia educativa” en México
Felipe de J. Monroy González
Los obispos de México, reunidos en la 92 Asamblea Plenaria de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), desarrollarán una agenda de trabajo entorno al sistema educativo y la labor de formación y evangelización en las distintas diócesis del país, adelantó la oficina de comunicación del organismo.
La 92 Asamblea lleva como lema “Educar Evangelizando y Evangelizar Educando” y tiene por objetivo el que todos los miembros de la Iglesia de México asuman su responsabilidad propia –y como prioridad pastoral- el colaborar “de manera efectiva desde nuestra misión, en la respuesta a la emergencia educativa por la que nuestra nación y la Iglesia se encuentran transitando”.
Se espera que los obispos mexicanos reflexionen sobre las recientes palabras del Papa Benedicto XVI entorno a que la educación religiosa en los sistemas públicos de las naciones modernas no supone una violación al Estado laico ni vulnera el derecho legítimo de los padres a elegir el tipo de educación que quieren para sus hijos: "Es necesario reafirmar que la educación de una confesión religiosa en las escuelas públicas, lejos de significar que el Estado asume o impone una creencia religiosa particular, indica el reconocimiento de la religión como un valor necesario para la formación de la persona… además de no perjudicar a la laicidad del Estado, garantiza el derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos, contribuyendo así a promover el bien común", dijo el pontífice en fechas recientes, por lo que es imperante que los obispos nacionales trabajen en alguna propuesta específica en esta materia.
En México, la educación pública está garantizada por el artículo tercero constitucional, se le considera uno de los triunfos de la Revolución Mexicana, tiene las cualidades inviolables de ser laica y gratuita; además abarca los niveles: preescolar, primaria y secundaria como obligatorios, aunque una reciente propuesta del Congreso busca ampliar la cobertura educativa al nivel medio superior. En su párrafo primero expresa: “Garantizada por el artículo 24 la libertad de creencias, dicha educación será laica y, por tanto, se mantendrá por completo ajena a cualquier doctrina religiosa”.
Uno de los principales retos educativos en México es la mejora de la calidad en la educación básica obligatoria y la atención a sectores vulnerables como los jóvenes entre los 15 y 20 años que aspiran a ocupar los pocos espacios que la educación media superior y superior ofrecen.
El encuentro será del próximo 7 al 11 de noviembre e iniciará con una visita de cortesía al presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, en la residencia oficial de Los Pinos; también en el curso de la semana, el gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila Villegas, acudirá a la Casa Lago, sede de la asamblea episcopal ubicada en Lago de Guadalupe, municipio de Cuautitlán Izcalli.
Los flujos de la movilización social en la transición
Por: José J. Castellanos
Las transiciones políticas, de acuerdo con sus estudiosos, son consecuencia de los flujos, demandas y movilizaciones sociales que llegan a niveles tales, que el gobierno autoritario tiene que iniciar procesos de liberalización y democratización, siempre con la esperanza de sobrevivir y permanecer pese a los mismos, hasta que, finalmente, tiene que ceder y ser sustituido el grupo en el poder.
En México hemos vivido un proceso semejante al de otras transiciones, aunque como es natural, con sus características específicas, dado el tipo de gobierno autoritario que nos gobernó durante setenta años y que pudo simular, de manera simultánea, que era democrático en la forma y hasta con variables liberales que iban y venían. Pero, en el fondo, tanto los procesos electorales, como la administración de las libertades y la aplicación del derecho, siempre dependieron de la discrecionalidad gubernamental.
Sería largo enumerar aquí todos los momentos históricos de la lucha por la democratización, empezando por la fallida Revolución de 1910, el sectarismo constitucionalista del 17, la permanencia de la violencia, la formación del PNR, los sucesivos fraudes electorales, la simulación de los diputados de partido, los golpes económicos autoritarios, etc. El hecho es que los diversos sectores sociales afectados por el autoritarismo: los partidos, los ciudadanos, los sindicatos, los estudiantes y hasta los empresarios, iniciaron una movilización creciente que obligó a los blandos del sistema a ir cediendo poco a poco, hasta que perdieron, primero, el control de la Cámara de Diputados y, más tarde, la Presidencia de la República.
Sin la movilización social, no hubiera habido alternancia en la cúspide, en la Presidencia. Sin embargo, no la hubo en el Congreso ni en la mayoría de los estados de la República, con lo que aparentemente fulminado, el sistema político recubierto de priísmo, prevaleció. La desaparición del presidencialismo, no significó ni la muerte del corporativismo en todos sus ámbitos, ni la del “gobernadorismo” como segundo nivel de la estructura priísta. Y aunque al carecer de cabeza el priísmo se vio tambaleante, lo hemos visto resurgir poco a poco, al grado de que hoy se engalla t ya se siente nuevamente en la Presidencia, aunque podría decirse que nunca se fue, de todo a todo, de la estructura administrativa del Ejecutivo.
Sin embargo, es claro que en el dos mil, después de la euforia victoriosa en El Ángel, la sociedad inició una desmovilización y ni el Presidente Fox ni el PAN pudieron o supieron mantener la ola, que lejos de ser un tsunami político, apenas fue una ola verde espectacular pero que dejó intocadas muchas de las estructuras del pasado, por lo que los últimos diez años han sido una dura disputa en el Congreso Federal para realizar las transformaciones de fondo que el país requiere para que la transición culmine, así como de oleadas sucesivas en los estados para desmantelar el sistema anterior y sustituirlo por uno nuevo. Incluso las pocas oportunidades existentes en muchos estados han sido insuficientemente aprovechadas para, al menos, instaurar nuevos esquemas en las entidades donde se ha producido una alternancia en estos años.
Dado que la posibilidad de un golpe de estado era impensable en nuestro país, el viejo régimen adoptó una singular y eficaz estrategia: la movilización mediática. Durante los últimos diez años hemos sido testigos de la forma como el “antiguo régimen”, a través de sus voceros y representantes, incluyendo entre ellos a muchas de sus organizaciones corporativas, se dieron a la tarea de descalificar, ignorar, desmentir y rechazar que hubiera avances económicos, políticos o sociales en este lapso. Fieles a su tradición presidencialista, se dedicaron a responsabilizar al Presidente de los problemas del país, magnificando sus errores y negando sus avances.
Ellos han generado, a falta de una movilización social generalizada, una percepción mediática negativa que, hoy por hoy, se manifiesta en la decepción y frustración de la transición. Incluso, antiguos aliados (algunos blandos y otros maximalistas) hoy se convierten en adversarios del proceso, sembrando e impulsando el retorno del PRI al poder. No a un nuevo PRI, como muchos hubiéramos deseado, sino al dinosaurio vitalizado. Parecería que bajo el criterio de que lo que no mata, engorda, el PRI ancestral, cuyos prototipos los encontramos en los estados de México y Coahuila, sin descartar a otros, ha encontrado una ola favorable que lo empuja de nuevo al poder, impulsado por unas encuestas que sólo ven en una dirección, provocando que alianzas interrumpidas o dudosas en el pasado, se revitalicen hoy.
Es curioso observar como suman a este fenómeno algunas críticas y movilizaciones sociales en torno a la violencia; como la superficialidad o ignorancia en materia económica niegan lo evidente; como los análisis serios de las transformaciones reales que hay en el país, son olvidadas o minimizadas.
Y es que, como han señalado algunos politólogos, el sistema presidencialista autoritario del pasado no se edificó sobre un sistema jurídico que lo soportara, sino sobre un conjunto de voluntades doblegadas que lo hicieron posible y operante, no sólo con facultades “metaconstitucionales” sino “metajurídicas”, sino con comportamientos sociales y políticos que se repiten en el asistencialismo, el paternalismo y la desciudadanización. Lamentablemente no existe un contrapeso mediático que neutralice y ofrezca una realidad diferente. Particularmente es lamentable que los jóvenes, siempre proclives al cambio, no lo vean en la dirección de la consolidación democrática, sino en la regresión.
Los obispos y la acción política
de los católicos
Por: Jorge Adame Goddard
Mientras se discutía en el Senado de la República un proyecto de reformas al artículo 1º constitucional que pretende incorporar a la constitución todos los derechos humanos contenidos en los tratados que están en vigor en México, un buen número de ciudadanos y agrupaciones civiles se manifestaron de diversas maneras en contra del proyecto, porque veían que podía dar lugar a que se pretendiera, con apoyo en disposiciones ambiguas de los tratados internacionales y de las recomendaciones que han hecho los organismos internacionales encargados de vigilar la aplicación de dichos tratados, establecer una legislación en todo el país favorable al aborto y a la legalización del matrimonio civil entre personas del mismo sexo. La reforma fue finalmente aprobada por el Senado, aunque todavía no ha culminado el proceso pues hacen falta las aprobaciones de las legislaturas locales, y al día siguiente (el 8 de marzo) salió publicado un comunicado de la Conferencia Episcopal Mexicana, firmado por su presidente, Mons. Carlos Aguiar, en el que se congratulaba por la reforma en cuanto daba una mayor protección a la vida humana y a la familia. Este boletín causó gran desconcierto entre los miembros de las asociaciones civiles que se habían opuesto a la reforma, que en su mayoría eran católicos.
El episodio constituye una gran oportunidad para reflexionar sobre la naturaleza de la acción política de los católicos: ¿es una acción que hacen por su condición de fieles de la Iglesia y está por ello sujeta a la dirección de los obispos?, o ¿es una acción que hacen en cuanto miembros de la sociedad política y por eso es independiente del gobierno que tienen los obispos sobre los fieles? Me parece que si se hubiera tenido una idea clara de la naturaleza de esta acción política de los católicos, el comunicado de los obispos no habría generado tanta inconformidad.
Un punto de partida seguro es el párrafo 36 de la constitución Lumen gentium que dice que los fieles deben aprender “a distinguir entre los derechos y obligaciones que les corresponden por su pertenencia a la Iglesia y aquellos otros que les competen como miembros de la sociedad humana”. Esta distinción de deberes y derechos corresponde a la distinción entre un orden que rige la conducta de los fieles en cuanto tales, que es el orden de la Iglesia, al que también se llama «orden espiritual», y otro orden que rige su comportamiento en cuanto son miembros de una comunidad política, que es el orden político-jurídico, llamado también «orden temporal». Si bien los fieles viven y actúan en ambos órdenes, su condición de fieles se ha de manifestar en uno y en el otro por la congruencia de su conducta con la ley moral y evangélica, que rige su vida en la Iglesia y en el mundo. Por eso, la misma constitución citada les recomienda que acoplen armónicamente los derechos y deberes de los dos órdenes y afirma: “En nuestro tiempo, concretamente, es de la mayor importancia que esa distinción y esta armonía brille con suma claridad en el comportamiento de los fieles”.
La actividad que realiza la Iglesia en el mundo o «apostolado», como lo afirma el decreto Apostolicam actuositatem (§ 2), se ordena a que “todos los hombres sean partícipes de la redención salvadora, y por su medio se ordene realmente todo el mundo hacia Cristo”. Se distinguen dos aspectos de este único fin: uno es la actividad consistente en la predicación del Evangelio, la enseñanza de la doctrina y la administración de los sacramentos, y el otro es la reordenación del mundo o transformación del orden social. Ambos aspectos son objeto del apostolado que ejerce la Iglesia por todos sus miembros y de diversas maneras. Pero el apostolado de la predicación, enseñanza y santificación lo realizan principalmente los sacerdotes y ministros ordenados, al cual colaboran los laicos con el ejemplo de su vida y también con su palabra (Apostolicam actuositatem § 6). Y el apostolado de la transformación del orden social corresponde principalmente a los fieles laicos, como repetidamente lo afirman diversos documentos del Concilio Vaticano II (Apostolicam actuositatem § 7, Lumen gentium § 31, 36, Gaudium et spes 43), y aun el mismo Código de Derecho Canónico (canon 225-2); a este apostolado colaboran los obispos y sacerdotes principalmente impulsando a las laicos, proponiendo la doctrina moral que debe ser respetada por todos (Gaudium et spes § 43) y dando a los laicos los auxilios espirituales, principalmente los sacramentos (Apostolicam actuositatem § 8).
La acción política de los ciudadanos católicos es, por su propia naturaleza, una actividad que realizan en el orden político existente, de acuerdo con las instituciones en vigor, con los medios disponibles y que está orientada a una finalidad temporal, que es el mejoramiento o perfeccionamiento del orden político. Es por su naturaleza una actividad secular, que ejercen en cumplimiento y ejercicio de los deberes y derechos políticos que tienen como ciudadanos, tal como la podría hacer cualquier otro ciudadano con creencias religiosas diferentes o sin creencias religiosas. Es una actividad que debe ser conducida, dirigida y ejecutada por los mismos laicos, en uso de su libertad política, y de la cual ellos mismos son responsables a título personal.
Desde el punto de vista subjetivo, de los motivos que tienen los ciudadanos católicos para ejercer esa actividad, se puede ver que quizá muchos de ellos la ejercen en cumplimiento del deber que tienen como fieles laicos de transformar el orden temporal de acuerdo con las enseñanzas del Evangelio. Podría decirse que es, desde este punto de vista subjetivo, una actividad apostólica. Pero los motivos por los que se ejerce una acción no cambian la naturaleza objetiva ni los fines propios de la misma, y así como el médico que cuida de un enfermo con motivos sobrenaturales, como el amor a Dios, no deja de desempeñar una actividad que es humana, que se rige por las reglas propias del trato humano y de la Medicina, así la actividad política de los católicos, aunque se haga por motivos apostólicos, no deja de ser una actividad política que debe realizarse conforme a las reglas propias del orden político jurídico en vigor.
La distinción entre esos dos órdenes, el temporal y el espiritual, en el que viven los fieles ha sido recogida en el Código de Derecho Canónico, para establecer el derecho de todos los fieles (canon 227) “a que se les reconozca en los asuntos temporales aquella libertad que compete a todos los ciudadanos”. Se ha comentado con razón que este derecho de los fieles a la libertad en los asuntos temporales frente a la Iglesia, es correlativo al derecho que tienen a la libertad en materia religiosa frente al Estado.
La acción política de los católicos no es por lo tanto una actividad que deba ser regida directamente por los obispos o por los sacerdotes, puesto que cae en el ámbito de la libertad que tienen los fieles en los asuntos temporales. Esta libertad que tienen para gestionar y dirigir los asuntos temporales exige, por su condición de fieles, que desempeñen sus actividades en conformidad con la moral cristiana y prestando atención a las indicaciones doctrinales provenientes del Magisterio. En todo caso, los obispos podrían juzgar si los fines que busca o los métodos que utiliza un movimiento político, de católicos o no católicos, son o no conformes con el Evangelio.
Así como los obispos no deben dirigir ni fijar la agenda de la acción política de los ciudadanos católicos, los ciudadanos católicos no deben esperar que su acción política tenga que ser asumida totalmente y en todo momento por los obispos en sus relaciones con el Estado, como si los obispos fueran los representantes ante los gobernantes de los movimientos políticos de los ciudadanos católicos. Al respecto dice la constitución Gaudium et spes (§ 76): “Es de gran importancia, sobre todo donde está en vigor la sociedad pluralística, tener un concepto exacto de la relación entre la comunidad política y la Iglesia para distinguir claramente entre las responsabilidades que los fieles, ya individualmente considerados, ya asociados, asumen, de acuerdo con su conciencia cristiana en nombre propio, en cuanto ciudadanos, y los actos que ponen en nombre de la Iglesia y de su misión divina en comunión con sus pastores”. Es un error de las instancias políticas querer negociar con los movimientos políticos de los ciudadanos católicos por medio de los obispos, y es un error de los movimientos políticos de ciudadanos católicos querer negociar ante las instancias políticas por medio de los obispos.
En el caso concreto del proyecto de reforma del artículo primero de la constitución mexicana, la declaración que hace la CEM celebrando la reforma en lo que juzga conveniente, esto es en la defensa de la vida y de la familia, debe ser vista como un acto de los obispos en su relación con el Estado mexicano, que debe ser secundado y apoyado por todos los fieles , que también estarán de acuerdo en celebrar lo que podría ser un avance en la defensa de esos dos grandes bienes por los cuales han luchado. Pero no puede interpretarse como un acto por el que los obispos descalifican la acción política que habían desarrollado los ciudadanos católicos que se oponían a la reforma, ni tampoco como una prohibición de seguir oponiéndose a la reforma. El juicio positivo que hacen los obispos del proyecto de reforma al artículo (1) de la constitución no es materia de fe que corresponda definir a su magisterio ordinario, de modo que los católicos pueden libremente opinar lo contrario; y como la acción política de oposición a esa reforma es una acción ciudadana y no espiritual, tienen los fieles católicos esa libertad que les corresponde en los asuntos temporales, de modo que los ciudadanos católicos que quieran seguir oponiéndose a la reforma lo pueden hacer, sin que su oposición se interprete como una “desobediencia” a los obispos.
Las discrepancias entre los ciudadanos católicos y los obispos, o las que hubiera entre ciudadanos católicos en asuntos opinables, que no afectan la fe ni la moral de la Iglesia, como es el caso del juicio sobre la conveniencia de esa reforma, son discrepancias normales, que manifiestan la diversidad y pluralidad de la única Iglesia de Cristo. En este espíritu de unidad me parece que debe leerse el nuevo comunicado de la CEM, con fecha del 23 de marzo, que invita a todos los fieles mexicanos a trabajar unidos para “contribuir a la debida orientación que estas reformas aún requieren, con el fin de que se coloquen al servicio de la inalienable dignidad de la persona humana y del bien común”.
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(1) En el sentido de no negar la libertad que tienen los obispos de declarar ante el Estado lo que les parezca conveniente, y no criticar a los obispos por lo que declaran ante el Estado.
¿De veras falló la alternancia?
Escrito por Salvador I. Reding Vidaña
Sábado, 26 de febrero de 2011
Al cumplirse diez años de la asunción al Poder Ejecutivo federal por un gobierno panista, las acusaciones de ser una alternancia fallida fueron asunto de (casi) todos los días, incluyendo, es penoso, a miembros o simpatizantes de Acción Nacional. Dichas acusaciones continúan como estrategia anti-panista.
Creo que el problema de no ver los logros panistas sobre los gobiernos anteriores, por parte del mismo partido que los ejercieron, se origina en actitudes y fallas de memoria histórica sobre la vida nacional, tras el final de las luchas armadas de la Revolución.
Estas actitudes incluyen, por el lado del partido que perdió el poder federal, pero que conserva la mayoría de los poderes estatales y de los congresos federal, y locales, una estrategia de desprestigiar al panismo para que los votos lo regresen al poder federal en 2012. Mienten con una tranquilidad descarada.
Los que intentaron ganar la elección federal de 2006, pero la perdieron por medio punto porcentual, insisten en desprestigiar al partido que sí ganó la elección. Sus ataques tienen mucho de insultos y más mentiras descaradas.
Entre los ciudadanos “de a pie”, muchos opinan que la alternancia falló. Creo que hay dos razones principales; una de ellas es la disposición a aceptar lo que dicen y escriben los antagonistas –gratuitos o interesados-, del partido en el poder federal, el PAN. Si les dicen que está mal, que en vez de avance hay retroceso, se lo tragan de inmediato. Otros simplemente se ciegan ante las ventajas y logros de la alternancia.
Pero detrás de todos ellos, incluyendo a los simpatizantes desinformados de Acción Nacional, hay un ancestral problema de la idiosincrasia mexicana. Es una persistente manía de auto-discriminación. Esta costumbre de denigrar lo nacional es un vicio difícil de desterrar. Estamos mal “porque así somos”, piensan y dicen.
Estas son las actitudes y sus consecuencias, pero vemos un poco: ¿realmente falló la alternancia mexicana iniciada en el año 2000, con Vicente Fox y retomada en 2006 por Felipe Calderón.
Depende de las expectativas en primer lugar. Cuando éstas son exageradas, ignorando el cómo se realizan los cambios de administración y la cultura políticas, por supuesto que siempre se fallará en satisfacer dichas ingenuas expectativas. Pero esto no tiene que ver con la realidad, es el mundo del imaginario.
Ahora bien, en el mundo real mexicano ¿qué ha pasado, qué está pasando y qué podemos esperar en los dos últimos años de este gobierno federal panista? Esta es la verdadera temática de la alternancia. Veamos.
El gobierno de Vicente Fox administró la federación con la misma estructura organizacional heredada, ya que solamente hizo cambios en los altos niveles del poder, y no en todos. Así, el ejecutivo tuvo una muy difícil tarea para erradicar los vicios, las ineficiencias, el ocultamiento de información y la corrupción.
Aún después de diez años, mucho de lo heredado se conserva, y no podía ser de otra manera, salvo haber despedido a miles de servidores públicos federales, con todas sus consecuencias sociales y políticas.
Hay sin embargo avances importantes, que pasan desapercibidos, como es el inicio formal de la trasparencia oficial, inexistente antes del panismo en la federación. Igual el servicio profesional de carrera, dando seguridad a los servidores públicos federales que demuestran capacidad y buen desempeño.
Se acusa a Felipe Calderón de haber perdido el control del país, pero examinando las diversos aspectos de gobierno, iniciando con la agricultura (por aquello del abecedario), no pueden demostrar que “el país se le fue de las manos”.
Se dice que el crecimiento económico ha sido bajo, pero no se demuestra cómo hubiera sido mayor, partiendo analíticamente de las mismas situaciones y factores existentes, internos e internacionales sobre todo, en estos diez años.
Del gobierno calderonista se habla de pérdida de empleos del “presidente del empleo”, pero se “olvida” la caída extranjera de la economía, sobre todo del gran socio comercial que tiene México, los Estados Unidos, que nos afectó mucho más que a otros países, con los que comparan a México, sin considerar las diferencias.
Se acusa al panismo de “perder” la lucha contra la delincuencia organizada del narcotráfico, pero no dicen cómo lo hubieran hecho los críticos. Tampoco toman en cuenta que el tráfico de drogas enervantes hacia el mercado estadounidense existe porque ese mercado no ha podido ser abatido por el gobierno más poderoso del mundo. Esta lucha no se ha perdido, está en pleno fragor y va para largo. Sin ella, la situación de poder de las mafias delincuenciales sería gravísima.
Muy importante en las acusaciones del “fallo de la alternancia”, es esconder que muchos de los problemas nacionales que se le imputan al panismo, existían muchos años antes de la alternancia en 2000, como son las deficiencias en la Educación, el retraso tecnológico de Pemex, la falta de infraestructura para el sector primario y, por supuesto, la corrupción, el derroche de dineros públicos y uso del poder para fines personales. Quienes “olvidan” esto, no ven tampoco que todas estas fallas persisten en gobiernos locales priistas y perredistas.
En suma, con un análisis en frío, sin las enormes cargas emocionales de las acusaciones por la alternancia supuestamente fallida, la realidad es que México ha ganado mucho con la alternancia, sobre todo en el uso y equilibrio de poderes de todo tipo. ¿Qué falta mucho por hacer? Sin duda, pero sin esta alternancia faltaría mucho, pero mucho más de lo ahora faltante.
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Considerando el marco teórico de las coaliciones, las teorías racional y de juegos y la multidimensional, podemos hacer una mejor evaluación de las recientes coaliciones básicas en elecciones locales PAN-PRD y PRI-PVEM. La primera busca lograr la alternancia democrática en los estados que han sido monopolizados por gobiernos priistas durante ocho décadas; lograr gobiernos de mayoría y tener una representación en los gabinetes gubernamentales; así como una mayor participación en la elaboración y aplicación de las políticas públicas en los estados del país. Desde el punto de vista de la racionalidad, buscan maximizar los beneficios y minimizar los costos de su participación en elecciones locales.
Así por ejemplo, la alianza PAN-PRD en las elecciones del pasado 4 de julio de 2010 compitieron con la del PRI-PVEM para quitarle gobiernos estatales al PRI como ocurrió por primera vez en las entidades de Oaxaca, Puebla y Sinaloa. Considerando esos buenos resultados, se prevé el PAN y PRD continuarán esta estrategia electoral de coaliciones políticas en las elecciones locales del 2011 y 2012. Prueba de ello es que la coalición PRD-PT-CONVERGENCIA, junto con la declinación del candidato panista a favor del candidato de esta coalición, acaban de ganar el pasado 30 de enero las elecciones del estado de Guerrero.
Los vencedores en dichas elecciones mostraron una mayor capacidad estratégica y táctica frente a sus adversarios, aunque fue cuestionable las campañas negativas o el papel que desarrollaron varios de los partidos políticos con motivo de la realización de alianzas o coaliciones políticas de carácter programático con el objetivo de ganar la elección aún a costa de perder su identidad.
De esta conducta de los principales actores políticos, se obtuvo la siguiente redistribución del poder en los estados por partido político y coalición:
La evaluación general de las elecciones del 2010 nos indica que el que más perdió fue el PRI, aunque siga manteniendo un gran número de gubernaturas ya que desde la perspectiva del número de electores e importancias políticas, los tres estados que le ganaron la coalición PAN-PRD-CONVERGENCIA-PANAL (Oaxaca, Puebla y Sinaloa) es mayor a lo que perdieron estos partidos. No obstante lo anterior, destacan las pérdidas del PRD (Zacatecas), del PAN (Aguascalientes y Tlaxcala), bastiones que habían logrado consolidar por varios años.
Por otra parte, lo novedoso de dicho proceso electoral ha sido la formación de alianzas o coaliciones electorales aún entre adversarios muy diferentes ideológicamente como son el PN y el PRD, lo que ha traído como consecuencia cambios políticos importantes en entidades donde históricamente el PRI actuaba como partido político dominante (algunos ejemplos son los casos recientes de Oaxaca, Puebla y Sinaloa).
Ahora bien, aunque los resultados electorales del 2010 no modificaron radicalmente el mapa electoral del país, sin embargo, los cambios que se realicen en las próximas elecciones del 2011 y 2012 (Guerrero, Baja California Sur, Coahuila, Nayarit, Hidalgo, Michoacán y el Estado de México) pueden significar que las coaliciones o alianzas políticas se consoliden como una buena opción política para los mexicanos (as). Una de las dudas y retos será cómo gobernar de manera eficaz con ellas. Porque la democracia no es sólo el acto de otorgar el voto, sino también lo es el de hacer posible la acción de control de gobierno que promueva un mayor bienestar social, desarrollo económico, social, político y cultural en las entidades del país.
Por otro lado, en un contexto histórico es importante valorar las experiencias que ha habido en México en materia de coaliciones y alianzas electorales, aún entre partidos políticos e ideologías supuestamente antagónicas. Prácticamente en 1992 se iniciaron alianzas electorales locales (en estados como Coahuila, Chihuahua, Durango, Yucatán, Oaxaca, Nayarit, Guerrero y Chiapas) entre partidos políticos como el PAN y el PRD, siendo sus líderes nacionales Don Luis H. Álvarez y Cuauhtemoc Cárdenas, respectivamente.
Por lo tanto, de las experiencias de coaliciones políticas o alianzas locales realizadas básicamente por el PAN-PRD, PRI-PVEM, se pueden obtener las siguientes lecciones:
a) La coalición política electoral entre diversos partidos políticos no siempre lleva a la derrota del partido contrincante con mayor poder, aunque la posibilidad aumenta para debilitar su fuerza electoral y fragmentar sus redes de influencia.
b) Las coaliciones y alianzas políticas PAN-PRD a la fecha sólo se han llevado a cabo en la arena electoral o gubernamental (como fue en Oaxaca, Puebla y Sinaloa), pero no así en la parlamentaria. En la mayoría de ellas el PAN terminó imponiendo su agenda política.
c) De ahí que el PRI-PVEM estén atemorizados por las coaliciones o alianzas coyunturales que pactan PAN-PRD, tal como se evidenció recientemente por parte del congreso del Estado de México dominado por los legisladores de la fracción priista, a instancias del gobernador Enrique Peña Nieto,
d) Las coaliciones o alianzas políticas PAN-PRD se han tratado de evitar por parte del PRI-PVEM quienes las han satanizado con calificativos tales como los siguientes: son inadmisibles, descabelladas, contranatura, perversas, impensables, vergonzosas, un engendro, como el agua y el aceite, engañosas, grotescas, etc. Estos epítetos son una señal inequívoca del gran temor del PRI a que el éxito de dicha coalición le impida retornar a los Pinos en el 2012.
Por lo tanto, el PRI-PVEM boicoteará dicha coalición política con todos los recursos a su alcance. EN virtud de que el PAN o PRD difícilmente alcanzarán la victoria por sí solos, es de esperarse que esta coalición política electoral y/o gubernamental continuará y será una pesadilla para el PRI (de manera similar a como es la cryptonita para Supermán). De no continuar impulsando esta coalición política PAN-PRD se estará en riesgo de abrir la puerta a los cacicazgos del PRI para los próximos 50 años.
Las Coaliciones Políticas en México
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Coaliciones políticas
(Segunda Parte: Elecciones estatales)
Escrito por Hugo Díaz García
Miércoles, 09 de febrero de 2011
El sistema político vigente en muchas de las entidades del país aún corresponde en buena medida a esa realidad política característica de nuestra larga época de presidencialismo monopólico y autoritario priista prevaleciente hasta hace apenas una década a nivel nacional, por lo que es conveniente analizar y determinar cuáles deben ser las reformas políticas e institucionales que más pueden ayudar para fortalecer la gobernabilidad y consolidar la democracia en México.
Una de las reformas importantes son las coaliciones políticas, las cuales son un acuerdo o pacto, a corto o largo plazo, en el que participan dos o más organizaciones políticas que tienen la voluntad de hacer un número de cosas comunes con el fin de obtener un resultado. De ahí que sea necesario entender el porqué se conforma una coalición, la importancia de los partidos políticos coaligados, su ideología, sus objetivos, cómo funcionan, cuál es su propósito, así como la importancia del momento en que se coaligan.
Considerando el marco teórico de las coaliciones, las teorías racional y de juegos y la multidimensional, podemos hacer una mejor evaluación de las recientes coaliciones básicas en elecciones locales PAN-PRD y PRI-PVEM. La primera busca lograr la alternancia democrática en los estados que han sido monopolizados por gobiernos priistas durante ocho décadas; lograr gobiernos de mayoría y tener una representación en los gabinetes gubernamentales; así como una mayor participación en la elaboración y aplicación de las políticas públicas en los estados del país. Desde el punto de vista de la racionalidad, buscan maximizar los beneficios y minimizar los costos de su participación en elecciones locales.
Desde el punto de vista de la teoría multidimensional, has existido factores institucionales, políticos, económicos, sociales y culturales que han favorecido a los gobiernos priistas, al permitirles actuar como caciques locales con amplias facultades en la operación de los grandes recursos disponibles, y en el control de los poderes a nivel de las entidades que han gobernado durante ya ocho décadas.
Así por ejemplo, la alianza PAN-PRD en las elecciones del pasado 4 de julio de 2010 compitieron con la del PRI-PVEM para quitarle gobiernos estatales al PRI como ocurrió por primera vez en las entidades de Oaxaca, Puebla y Sinaloa. Considerando esos buenos resultados, se prevé el PAN y PRD continuarán esta estrategia electoral de coaliciones políticas en las elecciones locales del 2011 y 2012. Prueba de ello es que la coalición PRD-PT-CONVERGENCIA, junto con la declinación del candidato panista a favor del candidato de esta coalición, acaban de ganar el pasado 30 de enero las elecciones del estado de Guerrero.
En el caso de las elecciones del 4 de julio del 2010, se realizaron elecciones en 14 estados del país para elegir a 10 gobernadores, más de mil alcaldes y cerca de 500 diputados locales, por lo que conviene analizar quién ganó más en realidad y en base a eso estimar lo que pueden esperar los partidos políticos de cara a las elecciones del 2012 los principales partidos políticos PAN, PRI y PRD.
Los vencedores en dichas elecciones mostraron una mayor capacidad estratégica y táctica frente a sus adversarios, aunque fue cuestionable las campañas negativas o el papel que desarrollaron varios de los partidos políticos con motivo de la realización de alianzas o coaliciones políticas de carácter programático con el objetivo de ganar la elección aún a costa de perder su identidad.
De esta conducta de los principales actores políticos, se obtuvo la siguiente redistribución del poder en los estados por partido político y coalición:
Partido Político | Entidades federativas gobernadas | Coalición o alianza | Cambios del poder por entidades |
PAN | 4 | PAN-PRD-CONVERGANCIA | 3 |
PAN-PRD-CONVERGENCIA-PANAL | 1 | ||
PRI | 10 | PRI-PVEM-PANAL | 9 |
PRD | 4 | PRD-PT-CONVERGENCIA | 1 |
La evaluación general de las elecciones del 2010 nos indica que el que más perdió fue el PRI, aunque siga manteniendo un gran número de gubernaturas ya que desde la perspectiva del número de electores e importancias políticas, los tres estados que le ganaron la coalición PAN-PRD-CONVERGENCIA-PANAL (Oaxaca, Puebla y Sinaloa) es mayor a lo que perdieron estos partidos. No obstante lo anterior, destacan las pérdidas del PRD (Zacatecas), del PAN (Aguascalientes y Tlaxcala), bastiones que habían logrado consolidar por varios años.
Por lo tanto, también se puede afirmar que hubo un empate técnico entre los tres principales fuerzas políticas del país (PAN, PRI y PRD) y que no hubo en realidad ganadores absolutos; que estas fuerzas políticas difícilmente podrán ganar por sí solas capital político o nuevos gobiernos estatales en las próximas elecciones locales del 2011 y 2012.
Por otra parte, lo novedoso de dicho proceso electoral ha sido la formación de alianzas o coaliciones electorales aún entre adversarios muy diferentes ideológicamente como son el PN y el PRD, lo que ha traído como consecuencia cambios políticos importantes en entidades donde históricamente el PRI actuaba como partido político dominante (algunos ejemplos son los casos recientes de Oaxaca, Puebla y Sinaloa).
Ahora bien, aunque los resultados electorales del 2010 no modificaron radicalmente el mapa electoral del país, sin embargo, los cambios que se realicen en las próximas elecciones del 2011 y 2012 (Guerrero, Baja California Sur, Coahuila, Nayarit, Hidalgo, Michoacán y el Estado de México) pueden significar que las coaliciones o alianzas políticas se consoliden como una buena opción política para los mexicanos (as). Una de las dudas y retos será cómo gobernar de manera eficaz con ellas. Porque la democracia no es sólo el acto de otorgar el voto, sino también lo es el de hacer posible la acción de control de gobierno que promueva un mayor bienestar social, desarrollo económico, social, político y cultural en las entidades del país.
Por otro lado, en un contexto histórico es importante valorar las experiencias que ha habido en México en materia de coaliciones y alianzas electorales, aún entre partidos políticos e ideologías supuestamente antagónicas. Prácticamente en 1992 se iniciaron alianzas electorales locales (en estados como Coahuila, Chihuahua, Durango, Yucatán, Oaxaca, Nayarit, Guerrero y Chiapas) entre partidos políticos como el PAN y el PRD, siendo sus líderes nacionales Don Luis H. Álvarez y Cuauhtemoc Cárdenas, respectivamente.
En Yucatán se obtuvo la victoria por parte del candidato panista Patricio Patrón Labiada. La alianza electoral más amplia se promovió en Chiapas con el candidato Pablo Salazar con el respaldo de diversos partidos nacionales y locales, incluyendo el PAN y el PRD. En la postulación de Juan Sabines nuevamente ambos partidos ganaron la gobernatura. En el caso de las elecciones en Durango en 1992, si bien no se ganó, hubo un avance importante por primera vez por parte de los partidos de oposición PAN y PRD quienes contendieron en una coalición electoral y ganaron 18 municipios de un total de 39. En cuanto a la elección para gobernador obtuvieron casi 40% del total de votos, siendo el candidato panista de la coalición el Lic. Rodolfo Elizondo Torres, de quien fui uno de sus asesores, cuando trabajaba como investigador en el CEN-PAN.
Por lo tanto, de las experiencias de coaliciones políticas o alianzas locales realizadas básicamente por el PAN-PRD, PRI-PVEM, se pueden obtener las siguientes lecciones:
a) La coalición política electoral entre diversos partidos políticos no siempre lleva a la derrota del partido contrincante con mayor poder, aunque la posibilidad aumenta para debilitar su fuerza electoral y fragmentar sus redes de influencia.
b) Las coaliciones y alianzas políticas PAN-PRD a la fecha sólo se han llevado a cabo en la arena electoral o gubernamental (como fue en Oaxaca, Puebla y Sinaloa), pero no así en la parlamentaria. En la mayoría de ellas el PAN terminó imponiendo su agenda política.
c) De ahí que el PRI-PVEM estén atemorizados por las coaliciones o alianzas coyunturales que pactan PAN-PRD, tal como se evidenció recientemente por parte del congreso del Estado de México dominado por los legisladores de la fracción priista, a instancias del gobernador Enrique Peña Nieto,
d) Las coaliciones o alianzas políticas PAN-PRD se han tratado de evitar por parte del PRI-PVEM quienes las han satanizado con calificativos tales como los siguientes: son inadmisibles, descabelladas, contranatura, perversas, impensables, vergonzosas, un engendro, como el agua y el aceite, engañosas, grotescas, etc. Estos epítetos son una señal inequívoca del gran temor del PRI a que el éxito de dicha coalición le impida retornar a los Pinos en el 2012.
Por lo tanto, el PRI-PVEM boicoteará dicha coalición política con todos los recursos a su alcance. EN virtud de que el PAN o PRD difícilmente alcanzarán la victoria por sí solos, es de esperarse que esta coalición política electoral y/o gubernamental continuará y será una pesadilla para el PRI (de manera similar a como es la cryptonita para Supermán). De no continuar impulsando esta coalición política PAN-PRD se estará en riesgo de abrir la puerta a los cacicazgos del PRI para los próximos 50 años.
Las Coaliciones Políticas en México (Primera Parte: Introducción y aspectos teóricos)
Escrito por Hugo Díaz García
Viernes, 04 de febrero de 2011
El objetivo del presente análisis sobre las coaliciones políticas es comprender el fenómeno del desarrollo coalicional reciente en el país, en los niveles nacional y estatal.
Para ello es importante revisar o considerar algunas de las teorías que explican la formación de coaliciones políticas, buscando aquellos elementos que nos permitan aproximarnos a la realidad coalicional mexicana y destacar la necesidad de una mayor comprensión de los procesos de toma de decisión desarrollados en el seno de los partidos, así como identificación de los objetivos perseguidos por éstos, y la importancia otorgada a cada uno de los partidos, con la pretensión de contribuir al desarrollo de esta parcela de la ciencia política aún poco conocida en nuestro país.
Nuestra realidad política ha ofrecido pocos gobiernos de coalición los cuales muchas veces son criticados como desviaciones patológicas o contranatura (como las llaman los priistas), considerados otras veces como gobiernos condenados a la inestabilidad política; en lugar de ver que la opción por la formación de un gobierno puede y debe entenderse como una solución racional al proceso coalicional bajo determinadas condiciones.
Se puede definir al concepto de coalición política al pacto o acuerdo entre dos o más partidos políticos para gobernar un país, una entidad administrativa o un municipio. Así por ejemplo, en los regímenes democráticos, las coaliciones parlamentarias están permitidas y se producen cuando un solo partido o grupo político no tiene los suficientes apoyos en la cámara legislativa correspondiente (Senado, Cámara de Diputados o ambos) como consecuencia de los resultados electorales.
De este modo, los diputados de los grupos que van a formar la coalición suelen votar al candidato del partido más votado, a condición de que los grupos minoritarios reciban contrapartidas no establecidas como son las carteras ministeriales (que se suelen repartir de acuerdo al peso parlamentario) o influir en una orientación determinada de las políticas públicas del nuevo gobierno.
Los partidos pueden ir a la convocatoria electoral con sus listas fusionadas, en cuyo caso se ele denomina alianza electoral, o bien pueden ir separados para luego unirse a la hora de formar gobierno. Cuando miembros de varios partidos pertenecen a dicho gobierno, se habla de gobierno de coalición. Así por ejemplo, en Europa son muy comunes las coaliciones de gobierno, ya que suele haber más de dos partidos mayoritarios, y ninguno suele alcanzar el 50% o más de los apoyos parlamentarios.
Por otro lado, en el caso de México a nivel nacional los procesos de las elecciones presidenciales del 2000 y 2006 inauguraron en buena medida una nueva etapa coalicional. Por primera vez se hizo necesario por parte de los partidos mayoritarios PAN, PRI y PRD adoptar acuerdos con distintas fuerzas políticas más chicas a fin de asegurar el triunfo de la elección presidencial del país. En este contexto esos tres grandes partidos políticos ocupan un lugar central en el proceso de negociación, considerando una serie de elementos limitadores de carácter institucional, jurídico, político e ideológico.
El resultado de estos procesos no ha sido la formación de una coalición en sentido estricto, sino la adopción de un pacto o acuerdo (electoral, parlamentario o gubernamental) como mecanismo de colaboración entre dichos partidos, obteniendo cada uno pagos o recompensas variables en función de asuntos puntuales: desde el voto favorable a la investidura del candidato a Presidente del gobierno (como fue el caso de la coalición PAN-PVEM en las elecciones del 2000; PAN-PANAL y PRI-PVEM en las del 2006); la reforma del presupuesto de egresos y de la ley de ingresos, etc. Estos procesos coalicionales generaron resultados que sin otorgar mayoría absoluta a ningún partido político, posibilitaron la alternancia política con el fin de obtener el respaldo suficiente para hacer viable al gobierno entrante.
Esta reciente política coalicional supone así el ingreso de México a lo que podríamos denominar la normalidad política de los países desarrollados y democráticos, con estados cuya vida democrática (en cuanto a los procesos de formación de gobierno se refiere) viene determinada por la práctica de una cultura coalicional arraigada profundamente en su cultura política; sin que ello implique ingobernabilidad o crispación de la vida política. Ejemplos de estos procesos de coalición los encontramos especialmente en los países escandinavos (como son Noruega, Suecia y Finlandia), en Alemania, en Italia y en España.
Sin embargo, en el caso de México se puede afirmar que en situaciones minoritarias los partidos políticos mexicanos en cierta medida aún son reacios en términos generales a la formación de gobiernos de coalición, explicado en parte por los elementos limitadores (estructurales y coyunturales), así como por las variables histórica, institucional, socio-política, externa o ambiental de los propios partidos y de la sociedad mexicana.
En cuanto a las teorías sobre variables que han intentado dar explicación a los procesos de formación de coaliciones políticas, están básicamente dos: la de elección racional y la multidimensional. EL primer enfoque reduce el proceso a un caso específico de interacción social y deriva proposiciones basadas en un conjunto finito de supuestos fundamentales. Algunos representantes de esta corriente son D. Austen-Smith y J. Banks (1988) y D.P. Baron (1989).
El segundo enfoque cuyas formulaciones están conectadas con la tradición politólogica europea se denomina teoría multidimensional basada en un enfoque empírico-inductivo que pretende inferir generalizaciones de análisis sistemáticos derivados del mundo real. Este enfoque pretende desarrollar una explicación del fenómeno coalicional más allá de la mera descripción de las posibles soluciones al juego de coaliciones. Algunos representantes de esta corriente son K. Strom (1984 y 1990), y T. Bergam (1995).
El núcleo común a ambas teorías se sitúa en la constatación de que en la mayoría de las democracias occidentales las elecciones no deciden directamente quién gobierna, sino que ello es decidido por las negociaciones de coalición entre los partidos políticos. Este nuevo interés por los gobiernos de coalición ha tenido que superar reticencias y prejuicios académicos e ideológicos centrados en la crítica de los efectos nocivos del multipartidismo por ser supuestamente transitorios o inestables, así como por la necesidad y deseabilidad de asegurar gobiernos fuertes y estables.
Dicho mito del multipartidismo se complementa con el mito del partidismo mayoritario, por el que los países que pretendan disfrutar de gabinetes durables deben de conseguir un gobierno o sistema de partido mayoritario. Por lo tanto, uno de los objetivos del presente análisis es promover la revalorización de los gobiernos minoritarios, entendiéndolos como soluciones nacionales en determinadas condiciones y circunstancias.
En cuanto a los supuestos básicos de los procesos de formación de coaliciones políticas, están los siguientes:
a) Los participantes en el juego o proceso coalicional son partidos políticos, considerados como actores unitarios, cada uno de los cuales pueden ser tratado como una entidad negociadora simple.
b) Los gobiernos de coalición deben de contar con un respaldo parlamentario; de los dirigentes y militantes mayoritario.
c) Todas las combinaciones de partidos políticos que sean coaliciones vencedoras representan soluciones reales, esto es, posibles gobiernos de coalición, y
d) Los objetivos que orientan la conducta de los partidos políticos son i) Obtener como recompensa el formar parte del gobierno, expresándose dicha motivación en la obtención de cargos gubernamentales, o ii) Influenciar desde dentro del gobierno, en las políticas públicas que se derivarán de la acción gubernamental, de forma tal que sean lo más cercanas posibles a sus políticas preferidas.
Lo anterior implica que las posiciones políticas del partido como coalición de fracciones se caracterizarán por ser variadas (afinidades intrapartidistas ambiguas); y que con relación al estilo negociador, habrá negociaciones multilaterales entre los líderes de cada fracción interna, y con los líderes de cada fracción de los potenciales socios coalicionales, en torno a los objetivos de obtención y mantenimiento del poder (office seeking); y de influir en el proceso de elaboración y aplicación de políticas públicas (policy driven), condicionadas por los elementos limitadores llamados en inglés constraints, propios del sistema; así como por la ubicación política de los partidos en el sistema de partidos.
Además, conviene tener en cuenta la diferenciación entre las coaliciones políticas parlamentarias electorales y políticas ejecutivas o gubernamentales (gobiernos de coalición) desde la óptica de policy driven (orientado o movido por las políticas) para la comprensión del abanico de posibles soluciones al proceso coalicional.
Por lo tanto, entre los aspectos principales a considerar en el carácter mayoritario de una coalición ganadora, se encuentran los siguientes:
a) El principio de mayoría absoluta no tiene porque ser el punto efectivo de decisión en la formación de gobierno. Una coalición ganadora en el sentido de office-seeking (buscadora de puestos en el gobierno) no puede ser un requisito funcional ni un objetivo fundamental para los actores de dicho juego.
b) El formar parte de la oposición puede conllevar ciertos beneficios para los partidos interesados en la influencia política, y
c) Las teorías de las coaliciones políticas generalmente incorporan las perspectivas temporales de los actores (según Mitchell, 1995), y el rol de las futuras elecciones como limitaciones sobre la actuación de los partidos políticos (según Strom 1984, y Narud 1996).
¿Por qué el PRI perdió Guerrero?
COMPROMISO Y CONDUCTA DE LOS CATÓLICOS EN LA VIDA POLÍTICA (Nota de la Congregación para la Doctrina de la Fe)
SEGUIR LOS PASOS DE CRISTO
El papa Benedicto XVI, en su Mensaje para la LXXXV Jornada Misionera Mundial, hecho público ayer, 25 de enero de 2011, "esta tarea no ha perdido su urgencia. (...) No podemos permanecer tranquilos pensando que tras dos mil años sigue habiendo pueblos que no conocen a Cristo y que todavía no han escuchado su mensaje de salvación".
"No solo; sino que cada vez hay más gente -escribe-, que aun habiendo recibido el anuncio del Evangelio lo ha olvidado y abandonado, y no se siente parte de la Iglesia: y muchos ambientes, también en sociedades tradicionalmente cristianas, se resisten a abrirse a la palabra de la fe. Se está produciendo un cambio cultural, alimentado por la globalización, por movimientos de pensamiento y por el relativismo imperante, un cambio que lleva a una mentalidad y a un estilo de vida que prescinden del mensaje evangélico, como si Dios no existiera, y que exaltan la búsqueda del bienestar, de la ganancia fácil, de la carrera y del éxito como objetivo de la vida, también en detrimento de los valores morales".
El Santo Padre recuerda que "la misión universal afecta a todos, a todo y siempre. El Evangelio no es un bien exclusivo de quien lo ha recibido, sino un don que hay que compartir, una hermosa noticia que hay que comunicar. Este don-compromiso está confiado no solo a algunos, sino a todos los bautizados". "La evangelización es un proceso complejo y abarca varios elementos. La acción misionera ha prestado siempre una atención especial a la solidaridad. (...) Se trata de sostener las instituciones necesarias para establecer y consolidar la Iglesia (...) y también de dar la propia aportación a la mejora de las condiciones de vida de las personas en los países donde más graves son la pobreza, la malnutrición, sobre todo infantil, las enfermedades, la escasez de servicios sanitarios y la instrucción. Esto también forma parte de la misión de la Iglesia. Anunciando el Evangelio se ocupa de la vida humana en todo su sentido".
"No es aceptable, reafirmaba el Siervo de Dios Pablo VI, que en la evangelización se dejen de lado los temas que conciernen a la promoción humana, a la justicia, a la liberación de toda forma de opresión, obviamente en el respeto de la esfera política. Desinteresarse de los problemas temporales de la humanidad significaría "olvidar la lección que nos da el Evangelio sobre el amor al prójimo que sufre y está necesitado"; no estaría en sintonía con el comportamiento de Jesús que "recorría todas las ciudades y aldeas enseñando en sus sinagogas, predicando el Evangelio del Reino y curando todas las enfermedades y dolencias"."Así -termina el Papa-, a través de la participación responsable en la misión de la Iglesia, el cristiano se convierte en constructor de la comunión de la paz, de la solidaridad que Cristo nos ha dado y colabora en la realización del plan salvífico de Dios para toda la humanidad. (...) ¡Que la Jornada Misionera reavive en cada uno de nosotros el deseo y la alegría de salir al encuentro de la humanidad, llevando Cristo a todos!".
Con motivo de estas palabras del Santo Padre, recordamos un documento de la Congregación para la Doctrina de la Fe, de 16 de enero de 2003:
Los católicos deben comprometerse en la política
Lo que se debe evitar:
1- Apasionarse y poner la afiliación política por encima de la razón y de la moral.
2- Un concepto teocrático de la política: «La justa profanidad de la política excluye la teocracia»
Lo que no se debe evitar:
Existen valores morales que deben regir la política.
Estos valores deben defenderse siempre, incluso cuando la mayoría sea contraria a ellos.
Nota doctrinal
sobre algunas cuestiones relativas
al compromiso y la conducta de los católicos en la vida política
Congregación para la Doctrina de la Fe
16-01-2003
La Congregación para la Doctrina de la Fe, oído el parecer del Pontificio Consejo para los Laicos, ha estimado oportuno publicar la presente Nota doctrinal sobre algunas cuestiones relativas al compromiso y la conducta de los católicos en la vida política. La Nota se dirige a los Obispos de la Iglesia Católica y, de especial modo, a los políticos católicos y a todos los fieles laicos llamados a la participación en la vida pública y política en las sociedades democráticas.
I. Una enseñanza constante
1. El compromiso del cristiano en el mundo, en dos mil años de historia, se ha expresado en diferentes modos. Uno de ellos ha sido el de la participación en la acción política: Los cristianos, afirmaba un escritor eclesiástico de los primeros siglos, «cumplen todos sus deberes de ciudadanos». [1] La Iglesia venera entre sus Santos a numerosos hombres y mujeres que han servido a Dios a través de su generoso compromiso en las actividades políticas y de gobierno. Entre ellos, Santo Tomás Moro, proclamado Patrón de los Gobernantes y Políticos, que supo testimoniar hasta el martirio la «inalienable dignidad de la conciencia» [2]. Aunque sometido a diversas formas de presión psicológica, rechazó toda componenda, y sin abandonar «la constante fidelidad a la autoridad y a las instituciones» que lo distinguía, afirmó con su vida y su muerte que «el hombre no se puede separar de Dios, ni la política de la moral» [3].
Las actuales sociedades democráticas, en las que loablemente [4] todos son hechos partícipes de la gestión de la cosa pública en un clima de verdadera libertad, exigen nuevas y más amplias formas de participación en la vida pública por parte de los ciudadanos, cristianos y no cristianos. En efecto, todos pueden contribuir por medio del voto a la elección de los legisladores y gobernantes y, a través de varios modos, a la formación de las orientaciones políticas y las opciones legislativas que, según ellos, favorecen mayormente el bien común.[5] La vida en un sistema político democrático no podría desarrollarse provechosamente sin la activa, responsable y generosa participación de todos, «si bien con diversidad y complementariedad de formas, niveles, tareas y responsabilidades»[6].
Mediante el cumplimiento de los deberes civiles comunes, «de acuerdo con su conciencia cristiana»,[7] en conformidad con los valores que son congruentes con ella, los fieles laicos desarrollan también sus tareas propias de animar cristianamente el orden temporal, respetando su naturaleza y legítima autonomía,[8] y cooperando con los demás, ciudadanos según la competencia específica y bajo la propia responsabilidad.[9] Consecuencia de esta fundamental enseñanza del Concilio Vaticano II es que «los fieles laicos de ningún modo pueden abdicar de la participación en la “política”; es decir, en la multiforme y variada acción económica, social, legislativa, administrativa y cultural, destinada a promover orgánica e institucionalmente el bien común»,[10] que comprende la promoción y defensa de bienes tales como el orden público y la paz, la libertad y la igualdad, el respeto de la vida humana y el ambiente, la justicia, la solidaridad, etc.
La presente Nota no pretende reproponer la entera enseñanza de la Iglesia en esta materia, resumida por otra parte, en sus líneas esenciales, en el Catecismo de la Iglesia Católica, sino solamente recordar algunos principios propios de la conciencia cristiana, que inspiran el compromiso social y político de los católicos en las sociedades democráticas.[11] Y ello porque, en estos últimos tiempos, a menudo por la urgencia de los acontecimientos, han aparecido orientaciones ambiguas y posiciones discutibles, que hacen oportuna la clarificación de aspectos y dimensiones importantes de la cuestión.
II. Algunos puntos críticos en el actual debate cultural y político
2. La sociedad civil se encuentra hoy dentro de un complejo proceso cultural que marca el fin de una época y la incertidumbre por la nueva que emerge al horizonte. Las grandes conquistas de las que somos espectadores nos impulsan a comprobar el camino positivo que la humanidad ha realizado en el progreso y la adquisición de condiciones de vida más humanas. La mayor responsabilidad hacia Países en vías de desarrollo es ciertamente una señal de gran relieve, que muestra la creciente sensibilidad por el bien común. Junto a ello, no es posible callar, por otra parte, sobre los graves peligros hacia los que algunas tendencias culturales tratan de orientar las legislaciones y, por consiguiente, los comportamientos de las futuras generaciones.
Se puede verificar hoy un cierto relativismo cultural, que se hace evidente en la teorización y defensa del pluralismo ético, que determina la decadencia y disolución de la razón y los principios de la ley moral natural. Desafortunadamente, como consecuencia de esta tendencia, no es extraño hallar en declaraciones públicas afirmaciones según las cuales tal pluralismo ético es la condición de posibilidad de la democracia [12]. Ocurre así que, por una parte, los ciudadanos reivindican la más completa autonomía para sus propias preferencias morales, mientras que, por otra parte, los legisladores creen que respetan esa libertad formulando leyes que prescinden de los principios de la ética natural, limitándose a la condescendencia con ciertas orientaciones culturales o morales transitorias, [13] como si todas las posibles concepciones de la vida tuvieran igual valor. Al mismo tiempo, invocando engañosamente la tolerancia, se pide a una buena parte de los ciudadanos – incluidos los católicos – que renuncien a contribuir a la vida social y política de sus propios Países, según la concepción de la persona y del bien común que consideran humanamente verdadera y justa, a través de los medios lícitos que el orden jurídico democrático pone a disposición de todos los miembros de la comunidad política. La historia del siglo XX es prueba suficiente de que la razón está de la parte de aquellos ciudadanos que consideran falsa la tesis relativista, según la cual no existe una norma moral, arraigada en la naturaleza misma del ser humano, a cuyo juicio se tiene que someter toda concepción del hombre, del bien común y del Estado.
3. Esta concepción relativista del pluralismo no tiene nada que ver con la legítima libertad de los ciudadanos católicos de elegir, entre las opiniones políticas compatibles con la fe y la ley moral natural, aquella que, según el propio criterio, se conforma mejor a las exigencias del bien común. La libertad política no está ni puede estar basada en la idea relativista según la cual todas las concepciones sobre el bien del hombre son igualmente verdaderas y tienen el mismo valor, sino sobre el hecho de que las actividades políticas apuntan caso por caso hacia la realización extremadamente concreta del verdadero bien humano y social en un contexto histórico, geográfico, económico, tecnológico y cultural bien determinado. La pluralidad de las orientaciones y soluciones, que deben ser en todo caso moralmente aceptables, surge precisamente de la concreción de los hechos particulares y de la diversidad de las circunstancias. No es tarea de la Iglesia formular soluciones concretas – y menos todavía soluciones únicas – para cuestiones temporales, que Dios ha dejado al juicio libre y responsable de cada uno. Sin embargo, la Iglesia tiene el derecho y el deber de pronunciar juicios morales sobre realidades temporales cuando lo exija la fe o la ley moral.[14] Si el cristiano debe «reconocer la legítima pluralidad de opiniones temporales»,[15] también está llamado a disentir de una concepción del pluralismo en clave de relativismo moral, nociva para la misma vida democrática, pues ésta tiene necesidad de fundamentos verdaderos y sólidos, esto es, de principios éticos que, por su naturaleza y papel fundacional de la vida social, no son “negociables”.
En el plano de la militancia política concreta, es importante hacer notar que el carácter contingente de algunas opciones en materia social, el hecho de que a menudo sean moralmente posibles diversas estrategias para realizar o garantizar un mismo valor sustancial de fondo, la posibilidad de interpretar de manera diferente algunos principios básicos de la teoría política, y la complejidad técnica de buena parte de los problemas políticos, explican el hecho de que generalmente pueda darse una pluralidad de partidos en los cuales puedan militar los católicos para ejercitar – particularmente por la representación parlamentaria – su derecho-deber de participar en la construcción de la vida civil de su País.[16] Esta obvia constatación no puede ser confundida, sin embargo, con un indistinto pluralismo en la elección de los principios morales y los valores sustanciales a los cuales se hace referencia. La legítima pluralidad de opciones temporales mantiene íntegra la matriz de la que proviene el compromiso de los católicos en la política, que hace referencia directa a la doctrina moral y social cristiana. Sobre esta enseñanza los laicos católicos están obligados a confrontarse siempre para tener la certeza de que la propia participación en la vida política esté caracterizada por una coherente responsabilidad hacia las realidades temporales.
La Iglesia es consciente de que la vía de la democracia, aunque sin duda expresa mejor la participación directa de los ciudadanos en las opciones políticas, sólo se hace posible en la medida en que se funda sobre una recta concepción de la persona. [17] Se trata de un principio sobre el que los católicos no pueden admitir componendas, pues de lo contrario se menoscabaría el testimonio de la fe cristiana en el mundo y la unidad y coherencia interior de los mismos fieles. La estructura democrática sobre la cual un Estado moderno pretende construirse sería sumamente frágil si no pusiera como fundamento propio la centralidad de la persona. El respeto de la persona es, por lo demás, lo que hace posible la participación democrática. Como enseña el Concilio Vaticano II, la tutela «de los derechos de la persona es condición necesaria para que los ciudadanos, como individuos o como miembros de asociaciones, puedan participar activamente en la vida y en el gobierno de la cosa pública» [18].
4. A partir de aquí se extiende la compleja red de problemáticas actuales, que no pueden compararse con las temáticas tratadas en siglos pasados. La conquista científica, en efecto, ha permitido alcanzar objetivos que sacuden la conciencia e imponen la necesidad de encontrar soluciones capaces de respetar, de manera coherente y sólida, los principios éticos. Se asiste, en cambio, a tentativos legislativos que, sin preocuparse de las consecuencias que se derivan para la existencia y el futuro de los pueblos en la formación de la cultura y los comportamientos sociales, se proponen destruir el principio de la intangibilidad de la vida humana. Los católicos, en esta grave circunstancia, tienen el derecho y el deber de intervenir para recordar el sentido más profundo de la vida y la responsabilidad que todos tienen ante ella. Juan Pablo II, en línea con la enseñanza constante de la Iglesia, ha reiterado muchas veces que quienes se comprometen directamente en la acción legislativa tienen la «precisa obligación de oponerse» a toda ley que atente contra la vida humana. Para ellos, como para todo católico, vale la imposibilidad de participar en campañas de opinión a favor de semejantes leyes, y a ninguno de ellos les está permitido apoyarlas con el propio voto.[19] Esto no impide, como enseña Juan Pablo II en la Encíclica Evangelium Vitae a propósito del caso en que no fuera posible evitar o abrogar completamente una ley abortista en vigor o que está por ser sometida a votación, que «un parlamentario, cuya absoluta oposición personal al aborto sea clara y notoria a todos, pueda lícitamente ofrecer su apoyo a propuestas encaminadas a limitar los daños de esa ley y disminuir así los efectos negativos en el ámbito de la cultura y de la moralidad pública».[20]
En tal contexto, hay que añadir que la conciencia cristiana bien formada no permite a nadie favorecer con el propio voto la realización de un programa político o la aprobación de una ley particular que contengan propuestas alternativas o contrarias a los contenidos fundamentales de la fe y la moral. Ya que las verdades de fe constituyen una unidad inseparable, no es lógico el aislamiento de uno solo de sus contenidos en detrimento de la totalidad de la doctrina católica. El compromiso político a favor de un aspecto aislado de la doctrina social de la Iglesia no basta para satisfacer la responsabilidad de la búsqueda del bien común en su totalidad. Ni tampoco el católico puede delegar en otros el compromiso cristiano que proviene del evangelio de Jesucristo, para que la verdad sobre el hombre y el mundo pueda ser anunciada y realizada.
Cuando la acción política tiene que ver con principios morales que no admiten derogaciones, excepciones o compromiso alguno, es cuando el empeño de los católicos se hace más evidente y cargado de responsabilidad. Ante estas exigencias éticas fundamentales e irrenunciables, en efecto, los creyentes deben saber que está en juego la esencia del orden moral, que concierne al bien integral de la persona. Este es el caso de las leyes civiles en materia de aborto y eutanasia (que no hay que confundir con la renuncia al ensañamiento terapéutico, que es moralmente legítima), que deben tutelar el derecho primario a la vida desde de su concepción hasta su término natural. Del mismo modo, hay que insistir en el deber de respetar y proteger los derechos del embrión humano. Análogamente, debe ser salvaguardada la tutela y la promoción de la familia, fundada en el matrimonio monogámico entre personas de sexo opuesto y protegida en su unidad y estabilidad, frente a las leyes modernas sobre el divorcio. A la familia no pueden ser jurídicamente equiparadas otras formas de convivencia, ni éstas pueden recibir, en cuánto tales, reconocimiento legal. Así también, la libertad de los padres en la educación de sus hijos es un derecho inalienable, reconocido además en las Declaraciones internacionales de los derechos humanos. Del mismo modo, se debe pensar en la tutela social de los menores y en la liberación de las víctimas de las modernas formas de esclavitud (piénsese, por ejemplo, en la droga y la explotación de la prostitución). No puede quedar fuera de este elenco el derecho a la libertad religiosa y el desarrollo de una economía que esté al servicio de la persona y del bien común, en el respeto de la justicia social, del principio de solidaridad humana y de subsidiariedad, según el cual deben ser reconocidos, respetados y promovidos «los derechos de las personas, de las familias y de las asociaciones, así como su ejercicio».[21] Finalmente, cómo no contemplar entre los citados ejemplos el gran tema de la paz. Una visión irenista e ideológica tiende a veces a secularizar el valor de la paz mientras, en otros casos, se cede a un juicio ético sumario, olvidando la complejidad de las razones en cuestión. La paz es siempre «obra de la justicia y efecto de la caridad»; [22] exige el rechazo radical y absoluto de la violencia y el terrorismo, y requiere un compromiso constante y vigilante por parte de los que tienen la responsabilidad política.
III. Principios de la doctrina católica acerca del laicismo y el pluralismo
5. Ante estas problemáticas, si bien es lícito pensar en la utilización de una pluralidad de metodologías que reflejen sensibilidades y culturas diferentes, ningún fiel puede, sin embargo, apelar al principio del pluralismo y autonomía de los laicos en política, para favorecer soluciones que comprometan o menoscaben la salvaguardia de las exigencias éticas fundamentales para el bien común de la sociedad. No se trata en sí de “valores confesionales”, pues tales exigencias éticas están radicadas en el ser humano y pertenecen a la ley moral natural. Éstas no exigen de suyo en quien las defiende una profesión de fe cristiana, si bien la doctrina de la Iglesia las confirma y tutela siempre y en todas partes, como servicio desinteresado a la verdad sobre el hombre y el bien común de la sociedad civil. Por lo demás, no se puede negar que la política debe hacer también referencia a principios dotados de valor absoluto, precisamente porque están al servicio de la dignidad de la persona y del verdadero progreso humano.
6. La frecuentemente referencia a la “laicidad”, que debería guiar el compromiso de los católicos, requiere una clarificación no solamente terminológica. La promoción en conciencia del bien común de la sociedad política no tiene nada qué ver con la “confesionalidad” o la intolerancia religiosa. Para la doctrina moral católica, la laicidad, entendida como autonomía de la esfera civil y política de la esfera religiosa y eclesiástica – nunca de la esfera moral –, es un valor adquirido y reconocido por la Iglesia, y pertenece al patrimonio de civilización alcanzado. [23] Juan Pablo II ha puesto varias veces en guardia contra los peligros derivados de cualquier tipo de confusión entre la esfera religiosa y la esfera política. «Son particularmente delicadas las situaciones en las que una norma específicamente religiosa se convierte o tiende a convertirse en ley del Estado, sin que se tenga en debida cuenta la distinción entre las competencias de la religión y las de la sociedad política. Identificar la ley religiosa con la civil puede, de hecho, sofocar la libertad religiosa e incluso limitar o negar otros derechos humanos inalienables».[24] Todos los fieles son bien conscientes de que los actos específicamente religiosos (profesión de fe, cumplimiento de actos de culto y sacramentos, doctrinas teológicas, comunicación recíproca entre las autoridades religiosas y los fieles, etc.) quedan fuera de la competencia del Estado, el cual no debe entrometerse ni para exigirlos o para impedirlos, salvo por razones de orden público. El reconocimiento de los derechos civiles y políticos, y la administración de servicios públicos no pueden ser condicionados por convicciones o prestaciones de naturaleza religiosa por parte de los ciudadanos.
Una cuestión completamente diferente es el derecho-deber que tienen los ciudadanos católicos, como todos los demás, de buscar sinceramente la verdad y promover y defender, con medios lícitos, las verdades morales sobre la vida social, la justicia, la libertad, el respeto a la vida y todos los demás derechos de la persona. El hecho de que algunas de estas verdades también sean enseñadas por la Iglesia, no disminuye la legitimidad civil y la “laicidad” del compromiso de quienes se identifican con ellas, independientemente del papel que la búsqueda racional y la confirmación procedente de la fe hayan desarrollado en la adquisición de tales convicciones. En efecto, la “laicidad” indica en primer lugar la actitud de quien respeta las verdades que emanan del conocimiento natural sobre el hombre que vive en sociedad, aunque tales verdades sean enseñadas al mismo tiempo por una religión específica, pues la verdad es una. Sería un error confundir la justa autonomía que los católicos deben asumir en política, con la reivindicación de un principio que prescinda de la enseñanza moral y social de la Iglesia.
Con su intervención en este ámbito, el Magisterio de la Iglesia no quiere ejercer un poder político ni eliminar la libertad de opinión de los católicos sobre cuestiones contingentes. Busca, en cambio –en cumplimiento de su deber– instruir e iluminar la conciencia de los fieles, sobre todo de los que están comprometidos en la vida política, para que su acción esté siempre al servicio de la promoción integral de la persona y del bien común. La enseñanza social de la Iglesia no es una intromisión en el gobierno de los diferentes Países. Plantea ciertamente, en la conciencia única y unitaria de los fieles laicos, un deber moral de coherencia. «En su existencia no puede haber dos vidas paralelas: por una parte, la denominada vida “espiritual”, con sus valores y exigencias; y por otra, la denominada vida “secular”, esto es, la vida de familia, del trabajo, de las relaciones sociales, del compromiso político y de la cultura. El sarmiento, arraigado en la vid que es Cristo, da fruto en cada sector de la acción y de la existencia. En efecto, todos los campos de la vida laical entran en el designio de Dios, que los quiere como el “lugar histórico” de la manifestación y realización de la caridad de Jesucristo para gloria del Padre y servicio a los hermanos. Toda actividad, situación, esfuerzo concreto –como por ejemplo la competencia profesional y la solidaridad en el trabajo, el amor y la entrega a la familia y a la educación de los hijos, el servicio social y político, la propuesta de la verdad en el ámbito de la cultura– constituye una ocasión providencial para un “continuo ejercicio de la fe, de la esperanza y de la caridad”».[25] Vivir y actuar políticamente en conformidad con la propia conciencia no es un acomodarse en posiciones extrañas al compromiso político o en una forma de confesionalidad, sino expresión de la aportación de los cristianos para que, a través de la política, se instaure un ordenamiento social más justo y coherente con la dignidad de la persona humana.
En las sociedades democráticas todas las propuestas son discutidas y examinadas libremente. Aquellos que, en nombre del respeto de la conciencia individual, pretendieran ver en el deber moral de los cristianos de ser coherentes con la propia conciencia un motivo para descalificarlos políticamente, negándoles la legitimidad de actuar en política de acuerdo con las propias convicciones acerca del bien común, incurrirían en una forma de laicismo intolerante. En esta perspectiva, en efecto, se quiere negar no sólo la relevancia política y cultural de la fe cristiana, sino hasta la misma posibilidad de una ética natural. Si así fuera, se abriría el camino a una anarquía moral, que no podría identificarse nunca con forma alguna de legítimo pluralismo. El abuso del más fuerte sobre el débil sería la consecuencia obvia de esta actitud. La marginalización del Cristianismo, por otra parte, no favorecería ciertamente el futuro de proyecto alguno de sociedad ni la concordia entre los pueblos, sino que pondría más bien en peligro los mismos fundamentos espirituales y culturales de la civilización.[26]
IV. Consideraciones sobre aspectos particulares
7. En circunstancias recientes ha ocurrido que, incluso en el seno de algunas asociaciones u organizaciones de inspiración católica, han surgido orientaciones de apoyo a fuerzas y movimientos políticos que han expresado posiciones contrarias a la enseñanza moral y social de la Iglesia en cuestiones éticas fundamentales. Tales opciones y posiciones, siendo contradictorios con los principios básicos de la conciencia cristiana, son incompatibles con la pertenencia a asociaciones u organizaciones que se definen católicas. Análogamente, hay que hacer notar que en ciertos países algunas revistas y periódicos católicos, en ocasión de toma de decisiones políticas, han orientado a los lectores de manera ambigua e incoherente, induciendo a error acerca del sentido de la autonomía de los católicos en política y sin tener en consideración los principios a los que se ha hecho referencia.
La fe en Jesucristo, que se ha definido a sí mismo «camino, verdad y vida» (Jn 14,6), exige a los cristianos el esfuerzo de entregarse con mayor diligencia en la construcción de una cultura que, inspirada en el Evangelio, reproponga el patrimonio de valores y contenidos de la Tradición católica. La necesidad de presentar en términos culturales modernos el fruto de la herencia espiritual, intelectual y moral del catolicismo se presenta hoy con urgencia impostergable, para evitar además, entre otras cosas, una diáspora cultural de los católicos. Por otra parte, el espesor cultural alcanzado y la madura experiencia de compromiso político que los católicos han sabido desarrollar en distintos países, especialmente en los decenios posteriores a la Segunda Guerra Mundial, no deben provocar complejo alguno de inferioridad frente a otras propuestas que la historia reciente ha demostrado débiles o radicalmente fallidas. Es insuficiente y reductivo pensar que el compromiso social de los católicos se deba limitar a una simple transformación de las estructuras, pues si en la base no hay una cultura capaz de acoger, justificar y proyectar las instancias que derivan de la fe y la moral, las transformaciones se apoyarán siempre sobre fundamentos frágiles.
La fe nunca ha pretendido encerrar los contenidos socio-políticos en un esquema rígido, consciente de que la dimensión histórica en la que el hombre vive impone verificar la presencia de situaciones imperfectas y a menudo rápidamente mutables. Bajo este aspecto deben ser rechazadas las posiciones políticas y los comportamientos que se inspiran en una visión utópica, la cual, cambiando la tradición de la fe bíblica en una especie de profetismo sin Dios, instrumentaliza el mensaje religioso, dirigiendo la conciencia hacia una esperanza solamente terrena, que anula o redimensiona la tensión cristiana hacia la vida eterna.
Al mismo tiempo, la Iglesia enseña que la auténtica libertad no existe sin la verdad. «Verdad y libertad, o bien van juntas o juntas perecen miserablemente», ha escrito Juan Pablo II. [27] En una sociedad donde no se llama la atención sobre la verdad ni se la trata de alcanzar, se debilita toda forma de ejercicio auténtico de la libertad, abriendo el camino al libertinaje y al individualismo, perjudiciales para la tutela del bien de la persona y de la entera sociedad.
8. En tal sentido, es bueno recordar una verdad que hoy la opinión pública corriente no siempre percibe o formula con exactitud: El derecho a la libertad de conciencia, y en especial a la libertad religiosa, proclamada por la Declaración Dignitatis humanæ del Concilio Vaticano II, se basa en la dignidad ontológica de la persona humana, y de ningún modo en una inexistente igualdad entre las religiones y los sistemas culturales.[28] En esta línea, el Papa Pablo VI ha afirmado que «el Concilio de ningún modo funda este derecho a la libertad religiosa sobre el supuesto hecho de que todas las religiones y todas las doctrinas, incluso erróneas, tendrían un valor más o menos igual; lo funda en cambio sobre la dignidad de la persona humana, la cual exige no ser sometida a contradicciones externas, que tienden a oprimir la conciencia en la búsqueda de la verdadera religión y en la adhesión a ella».[29] La afirmación de la libertad de conciencia y de la libertad religiosa, por lo tanto, no contradice en nada la condena del indiferentismo y del relativismo religioso por parte de la doctrina católica,[30] sino que le es plenamente coherente.
V. Conclusión
9. Las orientaciones contenidas en la presente Nota quieren iluminar uno de los aspectos más importantes de la unidad de vida que caracteriza al cristiano: La coherencia entre fe y vida, entre evangelio y cultura, recordada por el Concilio Vaticano II. Éste exhorta a los fieles a «cumplir con fidelidad sus deberes temporales, guiados siempre por el espíritu evangélico. Se equivocan los cristianos que, pretextando que no tenemos aquí ciudad permanente, pues buscamos la futura, consideran que pueden descuidar las tareas temporales, sin darse cuenta de que la propia fe es un motivo que les obliga al más perfecto cumplimiento de todas ellas, según la vocación personal de cada uno». Alégrense los fieles cristianos «de poder ejercer todas sus actividades temporales haciendo una síntesis vital del esfuerzo humano, familiar, profesional, científico o técnico, con los valores religiosos, bajo cuya altísima jerarquía todo coopera a la gloria de Dios». [31]
El Sumo Pontífice Juan Pablo II, en la audiencia del 21 de noviembre de 2002, ha aprobado la presente Nota, decidida en la Sesión Ordinaria de esta Congregación, y ha ordenado que sea publicada.
Dado en Roma, en la sede de la Congregación por la Doctrina de la Fe, el 24 de noviembre de 2002, Solemnidad de N. S Jesús Cristo, Rey del universo.
+JOSEPH CARD. RATZINGER
Prefecto
+TARCISIO BERTONE, S.D.B.
Arzobispo emérito de Vercelli
Secretario
______________________________________________________________________________
Notas
[1] CARTA A DIOGNETO, 5, 5, Cfr. Ver también Catecismo de la Iglesia Católica, n. 2240.
[2]JUAN PABLO II, Carta Encíclica Motu Proprio dada para la proclamación de Santo Tomás Moro Patrón de los Gobernantes y Políticos, n. 1, AAS 93 (2001) 76-80.
[3]JUAN PABLO II, Carta Encíclica Motu Proprio dada para la proclamación de Santo Tomás Moro Patrón de los Gobernantes y Políticos, n. 4.
[4]Cfr. CONCILIO VATICANO II, Constitución Pastoral Gaudium et spes, n 31; Catecismo de la Iglesia Católica, n. 1915.
[5]Cfr. CONCILIO VATICANO II, Constitución Pastoral Gaudium et spes, n 75.
[6]JUAN PABLO II, Exhortación Apostólica Christifideles laici, n. 42. Esta nota doctrinal se refiere obviamente al compromiso político de los fieles laicos. Los Pastores tienen el derecho y el deber de proponer los principios morales también en el orden social; «sin embargo, la participación activa en los partidos políticos está reservada a los laicos» (JUAN PABLO II, Exhortación Apostólica Christifideles laici, n. 69). Cfr. Ver también CONGREGACIÓN PARA EL CLERO, Directorio para el ministerio y la vida de los presbíteros, 31-I-1994, n. 33.
[7]CONCILIO VATICANO II, Constitución Pastoral Gaudium et spes, n 76.
[8]Cfr. CONCILIO VATICANO II, Constitución Pastoral Gaudium et spes, n 36.
[9]Cfr. CONCILIO VATICANO II, Decreto Apostolicam actuositatem, 7; Constitución Dogmática Lumen gentium, n. 36 y Constitución Pastoral Gaudium et spes, nn. 31 y 43.
[10]JUAN PABLO II, Exhortación Apostólica Christifideles laici, n. 42.
[11]En los últimos dos siglos, muchas veces el Magisterio Pontificio se ha ocupado de las cuestiones principales acerca del orden social y político. Cfr. LEÓN XIII, Carta Encíclica Diuturnum illud, ASS 20 (1881/82) 4ss; Carta Encíclica Immortale Dei, ASS 18 (1885/86) 162ss, Carta Encíclica Libertas præstantissimum, ASS 20 (1887/88) 593ss; Carta Encíclica Rerum novarum, ASS 23 (1890/91) 643ss; BENEDICTO XV, Carta Encíclica Pacem Dei munus pulcherrimum, AAS 12 (1920) 209ss; PÍO XI, Carta Encíclica Quadragesimo anno, AAS 23 (1931) 190ss; Carta Encíclica Mit brennender Sorge, AAS 29 (1937) 145-167; Carta Encíclica Divini Redemptoris, AAS 29 (1937) 78ss; PÍO XII, Carta Encíclica Summi Pontificatus, AAS 31 (1939) 423ss; Radiomessaggi natalizi 1941-1944; JUAN XXIII, Carta Encíclica Mater et magistra, AAS 53 (1961) 401-464; Carta Encíclica Pacem in terris AAS 55 (1963) 257-304; PABLO VI, Carta Encíclica Populorum progressio, AAS 59 (1967) 257-299; Carta Apostólica Octogesima adveniens, AAS 63 (1971) 401-441.
[12]Cfr. JUAN PABLO II, Carta Encíclica Centesimus annus, n. 46, AAS 83 (1991) 793-867; Carta Encíclica Veritatis splendor, n. 101, AAS 85 (1993) 1133-1228; Discurso al Parlamento Italiano en sesión pública conjunta, en L’Osservatore Romano, n. 5, 14-XI-2002.
[13]Cfr. JUAN PABLO II, Carta Encíclica Evangelium vitæ, n. 22, AAS 87 (1995) 401-522.
[14]Cfr. CONCILIO VATICANO II, Constitución Pastoral Gaudium et spes, n 76.
[15]CONCILIO VATICANO II, Constitución Pastoral Gaudium et spes, n 75.
[16]Cfr. CONCILIO VATICANO II, Constitución Pastoral Gaudium et spes, nn. 43 y 75.
[17]Cfr. CONCILIO VATICANO II, Constitución Pastoral Gaudium et spes, n 25.
[18]CONCILIO VATICANO II, Constitución Pastoral Gaudium et spes, n 73.
[19]Cfr. JUAN PABLO II, Carta Encíclica Evangelium vitæ, n. 73.
[20]JUAN PABLO II, Carta Encíclica Evangelium vitæ, n. 73.
[21]CONCILIO VATICANO II, Constitución Pastoral Gaudium et spes, n 75.
[22]Catecismo de la Iglesia Católica, n. 2304
[23] Cfr. CONCILIO VATICANO II, Constitución Pastoral Gaudium et spes, n 76.
[24]JUAN PABLO II, Mensaje para la celebración de la Jornada Mundial de la Paz 1991: “Si quieres la paz, respeta la conciencia de cada hombre”, IV, AAS 83 (1991) 410-421.
[25]JUAN PABLO II, Exhortación Apostólica Christifideles laici, n. 59. La citación interna proviene del Concilio Vaticano II, Decreto Apostolicam actuositatem, n. 4
[26]Cfr. JUAN PABLO II, Discurso al Cuerpo Diplomático acreditado ante la Santa Sede, en L’Osservatore Romano, 11 de enero de 2002.
[27]JUAN PABLO II, Carta Encíclica Fides et ratio, n. 90, AAS 91 (1999) 5-88.
[28]Cfr. CONCILIO VATICANO II, Declaración Dignitatis humanae, n. 1: «En primer lugar, profesa el sagrado Concilio que Dios manifestó al género humano el camino por el que, sirviéndole, pueden los hombres salvarse y ser felices en Cristo. Creemos que esta única y verdadera religión subsiste en la Iglesia Católica». Eso no quita que la Iglesia considere con sincero respeto las varias tradiciones religiosas, más bien reconoce «todo lo bueno y verdadero» presentes en ellas. Cfr. CONCILIO VATICANO II, Constitución Dogmática Lumen gentium, n. 16; Decreto Ad gentes, n. 11; Declaración Nostra ætate, n. 2; JUAN PABLOII, Carta Encíclica Redemptoris missio, n. 55, AAS 83 (1991) 249-340; CONGREGACIÓN PARA LA DOCTRINA DE LA FE, Declaración Dominus Iesus, nn. 2; 8; 21, AAS 92 (2000) 742-765.
[29]PABLO VI, Discurso al Sacro Colegio y a la Prelatura Romana, en «Insegnamenti di Paolo VI» 14 (1976), 1088-1089).
[30]Cfr. PÍO IX, Carta Encíclica Quanta cura, ASS 3 (1867) 162; LEÓN XIII, Carta Encíclica Immortale Dei, ASS 18 (1885) 170-171; PÍO XI, Carta Encíclica Quas prima; Catecismo de la Iglesia Católica, n. 2108; CONGREGACIÓN PARA LA DOCTRINA DE LA FE, Declaración Dominus Iesus, n. 22.
[31]CONCILIO VATICANO II, Constitución Pastoral Gaudium et spes, n 43. Cfr. también JUAN PABLO II, Exhortación Apostólica Christifideles laici, n. 59.
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EL MARXISMO: ORÍGENES, MÍSTICA Y HERENCIA ACTUAL
Autor: Luis Alonso Somarriba
El llamado socialismo científico o marxismo nació en el siglo XIX, a partir de las ideas de Marx y Engels, en pleno desarrollo de la Revolución industrial. Aquella Revolución, la misma que habría de iniciar una era de progreso material para la civilización, se fundó sobre uno de los capítulos más negros de la historia, el de las injusticias sufridas por una nueva clase social, el proletariado o clase obrera. Centenares de miles de hombres, mujeres y niños se vieron obligados para subsistir a trabajar y vivir en penosas condiciones: con sueldos de hambre, jornadas laborales agotadoras de 14 horas, expuestos a los accidentes y los despidos arbitrarios, sin seguros médicos, descanso o jubilación, hacinados en pequeños e insalubres apartamentos y amenazados siempre por la mortal tuberculosis.
Contra esta situación de auténtica explotación se alzaron dos voces, muy distintas en sus orígenes, naturaleza, ideas y objetivos: la Iglesia católica y el ya citado marxismo. La Iglesia fue desarrollando un cuerpo de doctrina, la Doctrina Social, cuyo documento más representativo fue la encíclica de León XIII, Rerum novarum (1891). La Doctrina Social de la Iglesia condenó, a la vez, los abusos del liberalismo económico y el marxismo, y fue también el origen de numerosas iniciativas personales y organizaciones que defendieron los derechos de la clase obrera y trabajaron por mejorar sus condiciones de vida. Pese a todo, el socialismo se impuso en los ambientes obreros desde finales del siglo XIX.
El marxismo nació con la publicación, en 1848, del Manifiesto comunista, obra de Karl Marx y Friedrich Engels. Más tarde, vendrían las internacionales obreras (1864 y 1889), los partidos y sindicatos socialistas y la ansiada Revolución: la Revolución Rusa, en octubre de 1917, dirigida por Lenin, que habría de instaurar el primer régimen comunista o de socialismo real, la Unión Soviética (1917-1991).
El socialismo de Marx fue concebido como una filosofía materialista y atea, en la que la historia se interpretaba como un enfrentamiento entre clases opresoras y oprimidas. Para Marx, en su tiempo, la sociedad se presentaba dividida en dos clases antagónicas: la burguesía -los opresores- y el proletariado -los oprimidos-. El marxismo entendía que el pueblo trabajador debía tomar “conciencia de clase” y lanzarse al enfrentamiento contra la burguesía. Era pues necesaria “la lucha de clases” y la “Revolución”, es decir, la toma del poder político por la fuerza. Obtenido el poder, se instauraría la “Dictadura del Proletariado” que habría de imponer el fin de las clases y de la propiedad privada. Finalmente, la Dictadura del Proletariado, transformando la sociedad, llevaría a una sociedad perfecta, al Paraíso en la Tierra.
El marxismo se definió como ateo y enemigo de la religión, declarando que “la religión era el opio del pueblo”. Sin embargo, en los temas planteados por esta ideología descubrimos ciertos inquietantes paralelismos con la fe cristiana. Tendríamos, por ejemplo, un Pecado Original consistente en el surgimiento de la propiedad privada, una Redención a través del sufrimiento del proletariado, la víctima que habrá de rescatar con su pasión a toda la Humanidad, o un Partido que se concibe a modo de Iglesia con un Comité Central que ejerce de sagrado magisterio (1). El sucesor de Lenin, Stalin, que había sido en su juventud seminarista, supo dotar al socialismo de una liturgia perfectamente representada en numerosos actos y manifestaciones del Partido Comunista, como los desfiles del 1 de mayo en la Plaza Roja de Moscú, que tanto recuerdan a las procesiones con iconos de la Iglesia ortodoxa rusa. Por no hablar del culto establecido en torno al cuerpo “incorrupto” de Lenin.
Estamos pues ante una religión laica cuyo cielo no está en el otro mundo sino que es preciso buscarlo en la Tierra. La lucha por conseguir ese objetivo, el Paraíso en la Tierra, ha llenado de sentido la vida de muchos hombres a lo largo del siglo XX, inyectándoles un fervor y una fuerza solo comparable a la que se puede observar en los fieles de una auténtica religión, de una fanática religión. Benedicto XVI cuando era cardenal recordaba que el “bien absoluto” del marxismo, es decir, “la implantación de una justa sociedad socialista, viene a constituirse como norma moral que justifica cualquier cosa, incluso la violencia, la muerte y la mentira cuando sean necesarias”. De este modo podemos entender el espantoso genocidio al que fueron sometidos los países en los que se implantaron regímenes comunistas. El entonces cardenal Ratzinger concluía: “Este es uno de tantos aspectos por donde se comprueba cómo la humanidad, cuando se aparta de Dios, llega a las consecuencias más disparatadas. La razón del individuo puede dar en cada caso a sus acciones los más varios, imprevistos y peligrosos objetivos. Y lo que parecía ser liberación muestra en realidad el diabólico rostro de lo más contrario” (2).
Paralelamente al establecimiento de los totalitarismos de izquierda después de la II Guerra Mundial (Desde 1945, primero en Europa del Este y posteriormente en China y otras zonas del mundo), en diversos países, desde EEUU y Canadá hasta Europa occidental, pasando por Australia y Nueva Zelanda, la evolución política, económica y social fue desarrollando y consolidando un nuevo tipo de sociedad, cuya principal novedad histórica ha sido, no sólo conseguir un alto grado de riqueza, sino ante todo que esa riqueza esté bien repartida entre la mayor parte de la población. Lo que hace rico al primer mundo son sus clases medias, un sector que supone en torno al 80% de los ciudadanos. Los niveles de renta conseguidos por estas clases medias unido al establecimiento de diferentes sistemas de Seguridad Social han permitido unos niveles de vida generalizados impensables en 1900. Es el Estado del Bienestar, que ha sabido sobrevivir a todas las crisis económicas que se han sucedido desde 1973. Un buen ejemplo lo representa la España de los años 60, donde en poco más de una década se pasó de una sociedad rural y subdesarrollada a una sociedad urbana de clases medias, formadas tanto por aquellos que procedían de los antiguos grupos privilegiados como por los que ascendían desde los sectores hasta entonces más desfavorecidos (obreros y campesinos). En la España de finales de los 60 y principios de los 70 muchas familias comenzaron a disfrutar, por vez primera, de vivienda propia, vacaciones pagadas, electrodomésticos y automóvil, o enviaron -también por primera vez- a uno de los suyos a la Universidad.
Si explico todos estos cambios, es para entender una parte de la herencia transmitida por el marxismo en los países ricos. Porque, aunque hace veinte años (1989) cayera el Muro de Berlín y poco después se desmoronaran la Unión Soviética y la mayor parte de los regímenes comunistas, mostrando el rotundo fracaso del socialismo real, la ideología marxista -que durante más de un siglo trabajó con esfuerzo- ha dejado, después de su caída, su poso, una pegajosa película contaminante adherida a distintos ámbitos sociales, de la cultura, la política y la religión.
Quiero destacar una de esas envenenadas herencias del marxismo, la que podemos encontrar en la mentalidad dominante de ciertos ambientes sociales. Es el caso de muchas familias que, disfrutando hoy de unos niveles económicos propios de clase media, se saben descendientes de los antiguos sectores desfavorecidos de la sociedad. Puede ser que sus ingresos provengan todavía del trabajo manual (la fábrica, el campo, etc.) o que, a través de la preparación académica, ejerzan una profesión de médico, abogado, docente, etc. Da igual, de algún modo estas familias han logrado transmitir a sus miembros, de generación en generación, la condición de “pobres”, de una manera muy parecida a la practicada por la aristocracia: se hereda la categoría de “pobre” como si fuera la sangre azul o un título de nobleza. Así pues, se puede ser “pobre”, o como también suele decirse “de familia obrera”, poseyendo, por ejemplo, una vivienda propia -o dos- con todos los electrodomésticos, un automóvil, viajando habitualmente con la familia a lugares de vacaciones, disfrutando de ropa de marca, etc., etc. Además, esa “humilde condición” es generalmente presentada con orgullo y aireada notoriamente con tono victimista siempre que se presenta la ocasión. Se trata de la impronta dejada por “la conciencia de clase”.
Parece como si aquel pasado, cada vez más lejano, de penuria y sufrimientos, hubiera convertido a los antepasados proletarios en santos mártires y a sus descendientes en una casta de venerables. No olvidemos que el marxismo exaltó a la clase trabajadora transformándola en una especie de “pueblo santo” o “raza elegida”. Si el nazismo proclamó a la raza germana como superior contraponiéndola a los judíos, el marxismo ensalzó al proletariado enfrentándole al enemigo burgués, “al enemigo de clase”.
Esta mentalidad “obrera” se traduce actualmente en numerosos prejuicios y, sobre todo, en un fuerte clasismo. A menudo cuando pensamos en el clasismo solemos tirar del tópico de un rico mirando por encima del hombro a un pobre, pero olvidamos que ese afán por marcar el territorio y despreciar al otro puede también surgir entre los que se sienten socialmente inferiores y reaccionan contra el que creen está por encima. Es el resultado de “la lucha de clases” propuesta por Marx, y que aún hoy predispone a muchos individuos que, casi inconscientemente, dividen la sociedad en buenos -los pobres- y malos -burgueses, ricos, fachas-, obrando en consecuencia, es decir, rechazando, excluyendo, discriminando. Es curioso como estas actitudes de rechazo, que en muchas ocasiones derivan en serias injusticias, parecen ser compatibles con las viejas proclamas que giran entorno al ideal de la solidaridad. En definitiva, un enorme bagaje -un hervidero- de sentimientos negativos -odio, orgullo, complejos y rencores- atizados en el pasado por el fuego del marxismo y hoy mantenidos por los rescoldos de dicha ideología, que constituyen un muro invisible, un factor de división que dificulta, a veces gravemente, la cohesión social, la comunicación entre personas y grupos.
El tema de la herencia del marxismo en el mundo actual es extenso. Para terminar, podemos indicar algunos de sus capítulos. Por ejemplo, el tan querido enfrentamiento de buenos contra malos, oprimidos contra opresores, lo encontramos en el movimiento indigenista difundido por Hispanoamérica y defendido, entre otros, por el boliviano Evo Morales, o en el feminismo y la ideología de género. Igualmente, lo detectamos en ámbitos educativos, donde el profesorado y los alumnos aventajados pueden ser vistos con recelo y sospecha pues son asimilados a las élites opresoras. Incluso, por parecidas razones, la cultura humanística tiende a ser arrinconada y el conocimiento se presenta para algunos casi como un pecado.
Luis Alonso Somarriba
Santander, abril del 2010.
NOTAS:
(1) WETTER, Gustav, S.J.; citado por GRAF HUYN, Hans: Seréis como dioses, EIUNSA, Barcelona, 1991, págs. 126-127.
(2) RATZINGER, Joseph: Informe sobre la fe, BAC Popular, Madrid, 2005, pág. 100.
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¿ES POSIBLE LA POLÍTICA HONESTA?
"Un político que se rige por la honestidad es alguien que considera la política como una herramienta para alcanzar el bien común."
Por ALEKSANDER KWASNIEWSKI , presidente de Polonia.
LA VANGUARDIA - 15/01/2003
Los que quieren tratar la política y la moral de forma separada nunca entenderán nada sobre ninguna de las dos.” Eso escribió Jean-Jacques Rousseau, y yo estoy de acuerdo. La práctica de la política no sólo puede sino que debe conciliarse con los imperativos de la honestidad. Pero, ¿qué es la honestidad en un político? ¿Es posible siquiera que un político sea honesto?
La pregunta llega al corazón de la democracia. Cuando los electores descalifican a los políticos por deshonestos, los movimientos antidemocráticos florecen. Sin embargo, todos los políticos saben que la ambigüedad y la componenda tienden a triunfar sobre las verdades universales. A veces es necesario elegir el mal menor. Nuestros patrones normales de decencia y probidad no siempre se pueden aplicar, aunque no porque el cinismo y la hipocresía sean lo único que importa en política.
Tomemos por caso al príncipe de la ambigüedad, el duque de Talleyrand. No sólo corrupto, sino también un notorio traidor a varios jefes consecutivos, se decía que Talleyrand no había logrado vender a su propia madre nada más porque no había podido encontrar compradores. No obstante, aunque fue desleal a los gobernantes franceses, probablemente Talleyrand nunca traicionó a Francia. Sucede que la deshonestidad política adopta formas distintas. Identifiquemos los diversos tipos. Un tipo es el de alguien que es deshonesto para empezar. Una persona así será un líder, ideólogo o diplomático deshonesto en cualquier circunstancia. Otro tipo es el del diletante con buenas intenciones. Torpe y aficionado, sus acciones dañan los intereses que busca promover. Los “apostadores” políticos, por otra parte, hacen mal uso de la competencia. Son hábiles pero despiadados, carecen de humildad y evaden la reflexión. El “alborotador” político es pariente cercano del apostador, busca lograr sus crecientes ambiciones por cualquier medio, sin importar los riesgos y pese al costo para los demás.
El “fanático” político también es deshonesto, ya que está cegado por la convicción de que tiene la razón en todo. El fanático es inflexible y no se detiene, es una apisonadora que aplasta todo lo que encuentra en su camino. En contraste, el “operador” que concierta los arreglos políticos no es menos deshonesto, porque carece de lo que Bush llamó “la cuestión de la visión”. Es cobarde, no tiene principios y se echa para atrás ante la responsabilidad.
Más allá de estos tipos distintivos del político deshonesto hay posturas políticas más generales. En primer lugar están las formas cínicas del pragmatismo, encarnadas en el principio de que el fin justifica los medios siempre que las exigencias morales entren en conflicto con los intereses políticos. En el otro extremo está la postura ingenua, utópica y moralista, que es igual de deshonesta. Quienes la predican deploran la aspereza y la relatividad de la política y hacen llamados inútiles para el renacimiento moral. Pero la historia no es un idilio y las biografías de los políticos no son las vidas de los santos. Paradójicamente, si todo el mundo fuera honesto, la política resultaría superflua.
Eso no significa que no podamos identificar a los políticos honestos cuando nos encontramos con ellos. Emmanuel Kant describió a dos tipos de políticos. El “moralista político” busca “forjar la moral” según las necesidades de la política entendida como un juego cínico. Es una etiqueta que se aplica con facilidad a todos los tipos de políticos deshonestos descritos líneas arriba. El segundo tipo de Kant es el “político moral”, que rechaza el pragmatismo cínico pero que no cae en la moralización ingenua. Un político honesto es alguien que considera la política como una herramienta para alcanzar el bien común. No es ingenuo y sabe que con frecuencia es necesario ser paciente, hacer arreglos y seguir una política de pasos pequeños. Pero mientras busca las metas parciales
no pierde de vista los objetivos más amplios.
En resumen, un político honesto aplica un pragmatismo basado en principios, en el valor para decir cosas desagradables, pero siempre con una actitud constructiva. En efecto, la crítica irresponsable (revelar y publicar un problema sin la voluntad de proponer solución) es tal vez la forma más común de deshonestidad.
Por ello, gobernar es frecuentemente la mejor prueba de honestidad política. En los países democráticos, si los políticos que critican a otros mientras forman parte de la oposición resultan ser ineficientes cuando llegan al poder, los votantes pueden (y generalmente lo hacen) castigar su deshonestidad en las urnas.
La prueba más dura para un político honesto llega cuando debe defender ideas que no son populares pero que son las correctas. No todos aprueban ese examen, sobre todo cuando se acercan las elecciones. No obstante, sólo los políticos deshonestos equiparan la política con la popularidad exclusivamente. Al tiempo, un político moral nunca logra por sí solo garantizar el bien común.
Sólo cuando los políticos apoyan la decencia de los demás pueden estar seguros de que en momentos críticos para el Estado lograrán superar sus diferencias. No obstante, la honestidad política no es responsabilidad exclusiva de los políticos. La opinión pública también debe desempeñar bien su papel. Después de todo es más probable que la honestidad política se arraigue en una sociedad caracterizada por una cultura de tolerancia, solidaridad e igualdad en los derechos individuales.
Yo soy ante todo un practicante de la política. Por ello, sé que ninguna teoría y que ningún análisis pueden librar a los políticos del examen de conciencia, de preguntarse qué es honesto y qué no lo es a la hora de enfrentarse a una decisión política. El político honesto está dispuesto a soportar esa carga.
------------------------------------------------------------------------A. KWASNIEWSKI, presidente de Polonia. Este texto se basa en su reciente discurso ante los editores miembros de Project Syndicate en VienaLA VANGUARDIA - 15/01/2003
Los que quieren tratar la política y la moral de forma separada nunca entenderán nada sobre ninguna de las dos.” Eso escribió Jean-Jacques Rousseau, y yo estoy de acuerdo. La práctica de la política no sólo puede sino que debe conciliarse con los imperativos de la honestidad. Pero, ¿qué es la honestidad en un político? ¿Es posible siquiera que un político sea honesto?
La pregunta llega al corazón de la democracia. Cuando los electores descalifican a los políticos por deshonestos, los movimientos antidemocráticos florecen. Sin embargo, todos los políticos saben que la ambigüedad y la componenda tienden a triunfar sobre las verdades universales. A veces es necesario elegir el mal menor. Nuestros patrones normales de decencia y probidad no siempre se pueden aplicar, aunque no porque el cinismo y la hipocresía sean lo único que importa en política.
Tomemos por caso al príncipe de la ambigüedad, el duque de Talleyrand. No sólo corrupto, sino también un notorio traidor a varios jefes consecutivos, se decía que Talleyrand no había logrado vender a su propia madre nada más porque no había podido encontrar compradores. No obstante, aunque fue desleal a los gobernantes franceses, probablemente Talleyrand nunca traicionó a Francia. Sucede que la deshonestidad política adopta formas distintas. Identifiquemos los diversos tipos. Un tipo es el de alguien que es deshonesto para empezar. Una persona así será un líder, ideólogo o diplomático deshonesto en cualquier circunstancia. Otro tipo es el del diletante con buenas intenciones. Torpe y aficionado, sus acciones dañan los intereses que busca promover. Los “apostadores” políticos, por otra parte, hacen mal uso de la competencia. Son hábiles pero despiadados, carecen de humildad y evaden la reflexión. El “alborotador” político es pariente cercano del apostador, busca lograr sus crecientes ambiciones por cualquier medio, sin importar los riesgos y pese al costo para los demás.
El “fanático” político también es deshonesto, ya que está cegado por la convicción de que tiene la razón en todo. El fanático es inflexible y no se detiene, es una apisonadora que aplasta todo lo que encuentra en su camino. En contraste, el “operador” que concierta los arreglos políticos no es menos deshonesto, porque carece de lo que Bush llamó “la cuestión de la visión”. Es cobarde, no tiene principios y se echa para atrás ante la responsabilidad.
Más allá de estos tipos distintivos del político deshonesto hay posturas políticas más generales. En primer lugar están las formas cínicas del pragmatismo, encarnadas en el principio de que el fin justifica los medios siempre que las exigencias morales entren en conflicto con los intereses políticos. En el otro extremo está la postura ingenua, utópica y moralista, que es igual de deshonesta. Quienes la predican deploran la aspereza y la relatividad de la política y hacen llamados inútiles para el renacimiento moral. Pero la historia no es un idilio y las biografías de los políticos no son las vidas de los santos. Paradójicamente, si todo el mundo fuera honesto, la política resultaría superflua.
Eso no significa que no podamos identificar a los políticos honestos cuando nos encontramos con ellos. Emmanuel Kant describió a dos tipos de políticos. El “moralista político” busca “forjar la moral” según las necesidades de la política entendida como un juego cínico. Es una etiqueta que se aplica con facilidad a todos los tipos de políticos deshonestos descritos líneas arriba. El segundo tipo de Kant es el “político moral”, que rechaza el pragmatismo cínico pero que no cae en la moralización ingenua. Un político honesto es alguien que considera la política como una herramienta para alcanzar el bien común. No es ingenuo y sabe que con frecuencia es necesario ser paciente, hacer arreglos y seguir una política de pasos pequeños. Pero mientras busca las metas parciales
no pierde de vista los objetivos más amplios.
En resumen, un político honesto aplica un pragmatismo basado en principios, en el valor para decir cosas desagradables, pero siempre con una actitud constructiva. En efecto, la crítica irresponsable (revelar y publicar un problema sin la voluntad de proponer solución) es tal vez la forma más común de deshonestidad.
Por ello, gobernar es frecuentemente la mejor prueba de honestidad política. En los países democráticos, si los políticos que critican a otros mientras forman parte de la oposición resultan ser ineficientes cuando llegan al poder, los votantes pueden (y generalmente lo hacen) castigar su deshonestidad en las urnas.
La prueba más dura para un político honesto llega cuando debe defender ideas que no son populares pero que son las correctas. No todos aprueban ese examen, sobre todo cuando se acercan las elecciones. No obstante, sólo los políticos deshonestos equiparan la política con la popularidad exclusivamente. Al tiempo, un político moral nunca logra por sí solo garantizar el bien común.
Sólo cuando los políticos apoyan la decencia de los demás pueden estar seguros de que en momentos críticos para el Estado lograrán superar sus diferencias. No obstante, la honestidad política no es responsabilidad exclusiva de los políticos. La opinión pública también debe desempeñar bien su papel. Después de todo es más probable que la honestidad política se arraigue en una sociedad caracterizada por una cultura de tolerancia, solidaridad e igualdad en los derechos individuales.
Yo soy ante todo un practicante de la política. Por ello, sé que ninguna teoría y que ningún análisis pueden librar a los políticos del examen de conciencia, de preguntarse qué es honesto y qué no lo es a la hora de enfrentarse a una decisión política. El político honesto está dispuesto a soportar esa carga.
Traducción: Mario de Gortari Rangel
© Project Syndicate / Instituto para las Ciencias Humanas
http://arvo.net/hacia-una-etica-global/es-posible-la-politica-honesta/gmx-niv951-con16118.htm
Distinción entre vida pública y privada
Con frecuencia se distingue entre vida pública y privada. Algunos con ello pretenden compaginar el tener un cargo importante en la administración, con una vida privada inmoral. Claro, una cosa es saber pintar, o cantar, o darle a un balón, y otra muy distinta es la moralidad personal.
No es el mismo caso cuando hablamos de la honradez en la vida pública y en la privada. Es la misma honradez la que se manifiesta en ambas. Porque ¿qué varita mágica transforma a una persona corrupta en honrada por el hecho de que se la hayan confiado responsabilidades públicas? ¿Podría alguien decirme que uno que sea ladrón en su vida privada, deja de serlo cuando se le confía la administración de grandes bienes en la vida pública? ¿Quién de nosotros le confiaría sus bienes? La honradez, cuando la hay, se da en la vida privada y en la vida pública. Y cuando no la hay en una, tampoco la hay en la otra; como cuando uno es feo, lo es en una y en otra.
Esto, aunque haya muchos que no quieran oírlo, es así. Ahí está la experiencia; las "honradeces" van juntas en una misma vida; lo mismo cabe decir de las "deshonradeces". Es corriente que en los casos de corrupción que se van conociendo, aparezca la "amante" al lado del corrupto. Y esto vale para todos, estén en el gobierno, en la oposición, o al margen de la política.
EJEMPLARIDAD DE LA AUTORIDAD
Ni la corrupción es patrimonio de quienes nos gobiernan, ni la honradez lo es de la oposición. Lo que sí hemos de exigir quienes formamos la sociedad, es que, por ejemplaridad, quienes ostenten cargos públicos, deben ser los primeros en cumplir la ley puesto que tienen como misión hacerla cumplir.
En la actualidad hablamos mucho de estabilidad social y política. La estabilidad no se logra encubriendo fraudes e irregularidades, sino más bien, con honradez en la gestión de la cosa pública, con claridad en los programas y transparencia en la gestión, sin miedos de que aparezcan las lacras.
Si hay algún caso de corrupción debe haber la mayor transparencia en clarificarlo y en hacer justicia. Es la única manera de que la sociedad se fíe de los políticos; y cuanto más elevado sea el cargo, más transparencia debe haber. Ante una sociedad enferma no podemos ocultar sus enfermedades estén donde estén, sobre todo si los miembros enfermos son de los más importantes. Las enfermedades hay que curarlas, no esconderlas. No vale decir que estamos muy sanos si los síntomas son de enfermedad grave.
El tumor social que puede haber, lo mismo perjudica al cuerpo si está en la derecha que si está en la izquierda. Hay que extirparlo esté donde esté; y para extirparlo hay que descubrirlo.
Es una vergüenza que hayan tenido que ser precisamente periodistas quienes hayan ido descubriendo los grandes fraudes, y que no los hayan detectado desde la Administración, a pesar de contar con los mejores medios para hacerlo. Con la particularidad de que con esa manera de actuar, están dando la impresión de querer "tapar" muchos casos.
RESPONSABILIDAD
La regeneración social es tarea de todos. Y los cristianos tenemos el deber de promocionar los grandes valores morales que han configurado nuestro patrimonio cultural y religioso: vida, respeto, libertad, conciencia…
Ya he insistido varias veces en el respeto que se debe a las creencias y a las convicciones religiosas de los ciudadanos, sin lo cual no puede hablarse de una sociedad de progreso, y menos, cuando se hace mofa públicamente de valores religiosos fundamentales, con el silencio de las autoridades,.
Los políticos deben ser conscientes de lo que la sociedad les ha encomendado. Deben ser responsables en el gobierno y en la oposición. Están en función del bien común. El Gobierno debe ser el abanderado en la lucha contra la corrupción; ni la oposición ni los periodistas. El Gobierno no se puede convertir en un acusado público ni en un encubridor de delincuentes.
En cuanto a los ciudadanos de a pie, creo que debiéramos dejarnos de derechas e izquierdas para apoyar a quienes ofrezcan una mayor garantía de promocionar los valores morales, de los que apenas hablan los políticos, pero que son cruciales para el progreso de nuestra sociedad.
